El Gobierno argentino presentará la próxima semana la apelación a la medida del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, que puso a disposición de dos fondos buitre unos más de u$s 100 millones de las reservas internacionales del Banco Central depositadas en la Reserva Federal de Nueva York. La presentación es preparada por los abogados neoyorquinos que representan al país e intentarán tomar como antecedentes distintos fallos de la Cámara de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que declararon que no se pueden embargar las reservas.

En la estrategia oficial, también incluye un pedido a la Reserva Federal, para que se presente ante el tribunal de Griesa en defensa de la posición argentina. La Casa Blanca y la Fed NY lo hicieron en el pasado, considerando que es “de interés nacional” que se respete la inembargabilidad de las cuentas que los bancos centrales tienen en territorio estadounidense.

Por medio de una opinión no vinculante (el recurso conocido como amicus curiae), tanto la Casa Blanca como la reserva Federal y New York Clearing House Assocition) plantearon al tribunal de Griesa la amenaza que implicaba la aplicación del principio de igual tratamiento a los acreedores (cláusula pari passu) entre quienes ingresaban al primer canje y quienes optaban por la vía judicial.

Gracias a esas presentaciones, la Argentina pudo llevar adelante el primer canje en 2005 sin riesgo de que se embarguen los nuevos bonos que se emitieron para entregar a los ahorristas que aceptaron la propuesta.

El argumento de Economía de que la Fed debe ratificar esa posición ante el juez Griesa está limitado por el cambio de reglas de juego que dispuso el país a partir de la creación del Fondo de Desendeudamiento que permite capturar reservas del Banco Central para pagar a tenedores privados de deuda pública.

Ese cambio de reglas fue en el que se justificó Griesa para poner a disposición de los fondos NML Capital, de Elliot, y EM Limited, de Kenneth Dart, los fondos correspondiente a las reservas itnernacionales de la Argentina que por acuerdo de partes permanecían congeladas en la cuenta abierta en la Reserva Federal de Nueva York.

Griesa, cuyas medidas permitieron llevar adelante el canje de 2005, comenzó luego a resolver a favor de los bonistas al entender que la adhesión de 76% había sido menor a la necesaria para considerar que el país dejaba atrás el default. Esa posición fue compartida por el Tesoro de Estados Unidos, que propiciaba una nueva negociación con los bonistas.

La cercanía de la reapertura del canje puede ser una señal favorable para el Tesoro o la Reserva Federal, pero no para el juez Griesa, que debe aceptar el pedido de apelación que presentará el país.