Por: Carlos Burgueño - En paralelo a la oferta a los bonistas, el Gobierno definió también la estrategia para neutralizar primero y vencer después la resistencia de los fondos buitre ante el tribunal del juez Thomas Griesa en Nueva York. Según los cálculos del Ministerio de Economía un total de u$s 3.200 millones no avalará la propuesta de canje y llevará hasta las últimas instancias su planteo ante Griesa para obligar al país a pagar el 100% del valor de la deuda.

La idea del Palacio de Hacienda y del estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton que defiende al país es que el juez tome este canje como una segunda parte del proceso que comenzó con el de 2005. Si esto fuera así, los u$s 3.200 millones serían menos del 5% del total de la deuda externa caída en default en manos de los inversores en diciembre de 2001, y no un porcentaje del 16% en el actual llamado. Según los abogados, Griesa podría tomar entonces como válida la jurisprudencia en los Estados Unidos en la aplicación de las leyes de bancarrota, donde se dictamina que si un ente privado o público con dificultades de pagos negocia con sus acreedores y logra una aceptación con un porcentaje importante (de más del 80%), el resto debe encuadrarse con el acuerdo que alcanza la mayoría. Luego del cierre del canje, si no aceptan la oferta (como se prevé), los fondos buitre quedarían sin recibir un centavo. Si esto ocurriese, la Argentina lograría algo único: vencer en los tribunales a este tipo de especuladores, algo que no lograron en los últimos años Zambia, Perú, Ecuador, Rusia, Congo, Nigeria, Jamaica ni Grecia, entre otros.

Los abogados buscarán, además, esta semana que Griesa no ponga reparos en la marcha de la operación. Para esto, y a pedido del juez (calificado en algún momento por Amado Boudou como «embargador serial»), se harán escritos presentando las aprobaciones de la SEC y del resto de las autoridades de los diferentes mercados de capitales donde se presentará el canje. Con esto se busca mostrar la «buena fe» de la oferta argentina, algo que demandó Griesa la semana pasada, al deslizarles a los abogados de las dos partes (del Gobierno argentino y los fondos buitre), que no impediría el proceso. Lo que busca Economía es que al menos durante el mes que dure el llamado haya algún tipo de tregua sin embargos que compliquen la operación.

Los principales fondos buitre ante los que se tiene que enfrentar el Gobierno con Griesa como juez son fundamentalmente dos: el NML Elliot y el EM Dart. Entre ambos acumulan títulos caídos en default por u$s 3.000 millones. A éstos se agregan otros dos que suman u$s 200 millones: Aurelious y DK. La semana pasada, Elliot logró un embargo preventivo de parte de Griesa por unos u$s 152 millones de una cuenta del Banco Central en Nueva York.

Según un estudio fechado en setiembre de 2006 y elaborado por el economista indio Manmohan Singh por encargo del FMI, los fondos buitre logran en promedio retornos que pueden ubicarse entre el 50% y el 350%, según el caso. La única variable que manejan a favor es el tiempo de espera, ya que la resolución de la venta de bonos y acciones compradas no depende de los mercados y sus altibajos, sino de la velocidad de los tribunales en los que les toque litigar. Por esto son famosos por contratar no tanto economistas o expertos en mercados financieros, sino abogados que sepan moverse en tribunales comerciales. Estos fondos, a diferencia de los fondos de inversión o de los grandes bancos internacionales, tienen en general una persona física como mentor.

En el caso de EM Limited, el principal acreedor individual privado que tiene hoy el país, el fondo fue creado y está dirigido por Kenneth Dart. Su origen es trabajar desde joven en la fábrica familiar de vasos de plásticos y telgopor Dart, que luego heredó y finalmente vendió a capitales japoneses a comienzos de los 80. Con el dinero se convirtió en prestamista en Estados Unidos, pero luego, acusado de un multimillonario fraude fiscal, mudó sus operaciones y su residencia física a las islas Caimán, desde donde opera. Se dice que cuenta con una impresionante custodia, ante las sospechas de persecución de la mafia rusa.

NML Capital pertenece a Elliot Associates, y es propiedad de otro magnate: John Singer Elliot. No tiene pasado industrial, y simplemente heredó una compañía financiera de su padre. También por problemas impositivos y fiscales, tuvo que mudar su residencia a dos oficinas: una en Bélice y otra en Caimán. Tiene algún costado cultural, ya que financia grupos de rock y rap y películas de Hollywood, y además inquietudes políticas: logró en su momento la caída del Gobierno del Congo y establecer en su lugar a un grupo de generales que luego le reconocerían una deuda por u$s 400 millones comprada en menos de u$s 22 millones.