Por Adrián Ventura - En los próximos días llegará al Gobierno la evaluación preliminar que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina: según ese informe, que tendría un tono crítico y que será muy voluminoso, la Argentina no cumple con el 40 por ciento de las recomendaciones establecidas para perseguir el lavado de dinero.

Según una fuente oficial que tiene acceso a estos papeles, esto "no significa que el país haya cumplido con el sesenta por ciento restante, sino que también se registran muchos incumplimientos parciales".

El GAFI es un organismo intergubernamental, con sede en París, que fue establecido en 1989 por el Grupo de los 7 países más industrializados (G-7) y que tiene por misión combatir el lavado de dinero.

El organismo está integrado por 33 países, la mayoría de ellos desarrollados, y en 1990 emitió cuarenta recomendaciones para perseguir ese flagelo, a las que luego del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, se les agregaron otras nueve recomendaciones para castigar el financiamiento del terrorismo (se las conoce como las recomendaciones 40 9).

Para analizar si cada uno de los países cumple con sus obligaciones, el GAFI prevé mecanismos de autoevaluación que hace cada país internamente para corroborar el ajuste de su derecho interno con esas recomendaciones, y un mecanismo de evaluaciones mutuas, que está a cargo de especialistas de diferentes países (de las áreas financiera, legal y operativa, fundamentalmente), quienes integran un equipo evaluador que visita cada país.

En el caso de la Argentina, esta visita tuvo lugar en noviembre pasado, cuando vino al país un grupo de evaluadores que se reunió con funcionarios y personalidades del sector privado, para examinar cuánto avanzó o retrocedió el país desde el último informe de evaluación mutua sobre la Argentina, que había sido aprobado en 2004.

En aquel viejo documento, se señaló, entre otras deficiencias, que la Argentina no había logrado ninguna condena por lavado de dinero y que había deficiencias en la actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF, un ente oficial encargado del combate al lavado), que ejerce escasos controles. Las cosas no habrían cambiado demasiado, según el informe que se divulgará próximamente.

La Argentina nunca fue un país perfectamente cumplidor. "Cumplimos sólo cuando nos amenaza una sanción inminente, para adaptarnos", dice uno de los funcionarios que conocen por dentro el sistema.

En 2005, el GAFI envió al Gobierno dos cartas para expresar su malestar por distintos incumplimientos, y en 2007 logró evitar un llamado de atención gracias a que, a último momento, tipificó el delito de financiamiento del terrorismo.

Este año, "desde que José Sbatella asumió como presidente, la UIF comenzó a aplicar sanciones a distintos bancos, quizá con la intención de mostrar mayor actividad y esquivar las críticas que, se descuenta, hará el GAFI", explica un abogado experto en control de lavado de dinero. "Pero el organismo comenzó a ser usado como un mecanismo de presión política sobre algunas empresas", agregó.

Hoy se realiza el VI Encuentro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que organiza la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El informe preliminar todavía no está disponible para la Argentina, pero se descuenta, dado que el diagnóstico es bastante preciso, que funcionarios y expertos analizarán distintas soluciones para los problemas.

La mala evaluación que recibirá la Argentina, sin embargo, no significará todavía que el país aparezca en la lista negra, donde está, por ejemplo, Ecuador.

Por lo pronto, se trata de una evaluación preliminar, elaborada por los expertos que visitaron el país el año último, en un documento al que la Argentina le puede hacer observaciones o sugerir correcciones antes de que se redacte el informe final, que estará listo para la reunión que el GAFI celebrará en París, en junio o julio próximo.