Eso sí: se cuidó muy bien de no hablar de "inflación" (palabra que parece prohibida en el vocabulario oficial), aunque lo que publicó fue precisamente una nueva entrega del "Informe de Inflación", el primero que difunde bajo el mandato de Mercedes Marcó del Pont.

En el documento describió que el proceso alcista en los precios estuvo encabezado por "el comportamiento de los precios de los bienes, que vienen incrementando su tasa de aumento desde mediados de 2009 y en la primera parte de 2010 comenzaron a crecer por encima de los de servicios".

Y no pudo ocultar que el traumático cambio de su conducción, producido a comienzos de año en el marco de la crisis abierta por el uso de las reservas para pagar deuda, perseguía otros objetivos: alinearse con el discurso del Gobierno.

Ayer, el BCRA adjudicó esos incrementos a "los efectos del alto grado de concentración de las distintas cadenas de producción y distribución de alimentos y bebidas", cuando hasta aquí había culpado por este fenómeno a la falta de coordinación entre las políticas fiscal, de ingresos y monetaria.

Lo curioso es que la entidad no reparó en que, en algunos casos, ese proceso fue propiciado por las políticas públicas, como en el sector agropecuario. Las estadísticas del último Censo Nacional Agropecuario lo confirman.

La entidad también adjudicó parte de las alzas registradas en los precios a un efecto traslado. Lo hizo, por ejemplo, al reparar en el aumento de costos que tuvo la construcción los que, a su juicio, "reflejan en su mayor parte las alzas de los costos salariales". También al mencionar la correlación entre los precios internos "y las cotizaciones de las materias primas". Sin embargo, en este caso, el BCRA se permite una mirada más optimista para el futuro, al vaticinar que como los precios de los productos agrícolas se mantendrían "en niveles similares a los actuales", las presiones sobre los precios de los alimentos "bajarían".