Por DAVID CAYÓN - La administración de Cristina Fernández y los gobernadores justicialistas negocian la firma de un Pacto Fiscal con vigencia para 2011, que implique el veto a cualquier modificación de la Ley de Cheques y una nueva fórmula de coparticipación para la recaudación que exceda el monto nominal alcanzado durante 2010 más una actualización que surgiría de aplicar el crecimiento esperado de la economía.

Las conversaciones si iniciaron la semana pasada, en un encuentro de gobernadores oficialistas que convocó –aunque luego no asistió– el ex presidente Néstor Kirchner, reveló a El Cronista una fuente oficial.

La fórmula que se busca intenta dejar en abstracto la discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal establecida en la reforma Constitucional de 1994 y quitar argumentos a la oposición que impulsa la coparticipación del impuesto al cheque.

Los gobernadores oficialistas se pronunciaron hace dos semanas rechazando las modificaciones al impuesto al cheque al apoyar la posición oficial de que fue mal sancionada en el Senado. “Rechazamos la supuesta media sanción del Senado por considerarla una acción agraviante al orden constitucional y democrático, además de un peligroso antecedente en contra de las salvaguardas federales que el mismo contiene”, expresaron a través de una solicitada.

La oposición de todas maneras intentará convertir en ley esa media sanción del Senado por lo que quedaría en manos de la presidenta Cristina Fernández decretar el veto a la norma, utilizando los mismos argumentos de los gobernadores.

Para compensar a las arcas provinciales, el proyecto que está en estudio implica que el Gobierno llevaría adelante la creación de un “fondo de compensación” a partir de 2011 con dinero proveniente del excedente de la recaudación nacional sobre lo ingresado este año.

“La idea es tomar el 2010 como parámetro de ingresos y de ahí en adelante el excedente que se comience a acumular de enero de 2011 vaya a parar a este nuevo fondo que se coparticipará con una nueva ecuación y, como contrapartida, queda congelada a diciembre de 2010 la ley de coparticipación con sus parámetros actuales”, explicó un funcionario que participa en las discusiones.

La fórmula significa garantizar un stock de fondos a todas las provincias similar al que recibirán este año actualizado por el índice de crecimiento de la economía, e integrar con el excedente un nuevo fondo del bicentenario para el desarrollo de las provincias. Las provincias que no adhieran a este Pacto Fiscal, permanecerán en el actual régimen de distribución de impuestos.

Los gobernadores que firmen la adhesión, accederán a ese fondo de convergencia, que redistribuiría en función de parámetros distintos a la coparticipación atendiendo prioritariamente las necesidades sociales insatisfechas.

Las ideas sobre la redistribución podrían considerar las propuestas presentadas por los gobernadores Jorge Capitanich, de Chaco, y Juan Manuel Urtubey, de Salta. Ambos firmaron la solicitada, junto a sus pares Daniel Scioli; Sergio Urribarri; Walter Barrionuevo; Luis Beder Herrera; Celso Jaque; Daniel Peralta; José Alperovich; José Luis Gioja; Gerardo Zamora; Maurice Closs; Gildo Insfrán y Miguel Saiz.

De adherir todas estas provincias al nuevo fondo se lograría la masa critica que necesita la Nación, ya que quedarían por afuera Córdoba y Santa Fe como las más grandes.

La coparticipación del impuesto al cheque del proyecto opositor que rechazaron los gobernadores significaría repartir entre las provincias unos $ 10.000 millones una cifra que se podría alcanzar en el nuevo fondo de acuerdo a las proyecciones sobre recaudación que contemplan además del crecimiento económico el efecto de la inflación. “Es una situación win-win” se le escuchó decir a un operador político como si fuera un lobbista empresarial.