El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para tipificar el lavado de activos como delito autónomo, mientras la Unidad de Información Financiera (UIF) que preside el economista José Sbattella promoverá el decomiso de bienes utilizados para insertar fondos de procedencia ilícita en el circuito legal de la Economía.

La ley 25.246, que reprime el lavado de divisas, “no se ha aplicado en todo su potencial y nuestra obligación es ponerla en funcionamiento”, dijo ayer Sbattella, y agregó que la UIF ha reclamado ser parte querellante en distintas causas por posible blanqueo de activos, porque “entrar a querellar implica empezar a decomisar”.

En la apertura de un seminario realizado en el Banco Nación para celebrar los diez años de vigencia de la ley, Sbattella explicó que la mayoría de los procesos penales abiertos por delitos asociados al lavado de dinero, como el tráfico de personas, armamento y drogas, no registran pedidos de decomiso pese a que las buenas prácticas internacionales consideran la recuperación de bienes como objetivo central de la acción penal.

Oyarbide

Por su parte, el juez federal Norberto Oyarbide designó ayer a la UIF como parte querellante en dos causas que investigan el posible lavado de fondos derivados del tráfico de medicamentos, mientras la Cámara Federal porteña resuelve si otorga ese rol al organismo en el proceso que investiga maniobras contra el Estado argentino, presumiblemente cometidas a través de la banca JP Morgan.

Oyarbide investiga las actividades de una asociación ilícita que habría vendido medicamentos apócrifos.