La disposición que entraría en efecto el 1º de junio no ha sido plasmada en un decreto, una resolución u otra medida pertinente. Apenas se sustenta en manifestaciones verbales del siempre cuestionado secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuyas misiones y funciones en la administración nacional distan de tener relación con la materia que pretende ejercer. Sin embargo, merced a similares procedimientos anteriores, ejercidos en materia de ganados y carnes, lácteos, cereales, frutas, industria papelera y otros, sus dislates normativos han sido frecuentemente acatados.

Todo eso se explica porque se percibe con facilidad que tales decisiones emanan de lo más alto del poder, las que de no ser cumplidas desatan amenazas, ataques y presiones que comprometen el normal desenvolvimiento de las empresas. Resultan lamentables las manifestaciones de apoyo del ministro de Economía, Amado Boudou, que llevan a imaginar la próxima concreción de esos absurdos anuncios.

Son muchas las razones que desaconsejan una decisión semejante. Por de pronto, en la medida que las importaciones se reduzcan, declinará la oferta de los productos, afectados con su correspondiente aumento de los precios. Por otra parte, aquellos productos que sean alcanzados por la prohibición no serán siempre bienes finales sino, en otros casos, materias primas en adelante escasas, y también más caras, para el eslabón siguiente de la cadena productiva. Como consecuencia, habrá más inflación.

Pero los países exportadores de los bienes afectados no permanecerán impasibles, como ya lo están demostrando claramente las naciones europeas, cuyos embajadores, al visitar la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, hicieron firmes manifestaciones de su oposición a la medida.

Los diplomáticos advirtieron que la cuestionable medida podrá dar lugar a la llamada teoría del espejo, es decir, la aplicación de medidas similares de reciprocidad respecto de las exportaciones argentinas al gran mercado comunitario. Lo mismo está ocurriendo en Brasil, donde tanto el gobierno como empresarios se han manifestado en consonancia. Hechos recientes están mostrando que no se trata de simples manifestaciones, como es el caso del freno de las importantísimas exportaciones de aceite de soja a China y de otros bienes destinados a Brasil, nuestro principal mercado externo, cuyas autoridades no han mostrado reparos en la aplicación del mencionado espejo.

Aunque la decisión del secretario de Comercio sólo tendría efecto, según versiones, a partir de junio, sus perjuicios afectan ya a mercaderías arribadas a nuestros puertos o aduanas fronterizas, a otras que vienen a flote, o a compras que se demoran ante la incertidumbre creada. En este sentido, las firmas importadoras han expresado que recurrirían a la Justicia en casos de amparo de sus derechos. Por lo demás, las medidas anunciadas violan normas expresas de la Organización Mundial del Comercio y del Mercosur, las que podrán ser llevadas a sus respectivos tribunales arbitrales.

A la grave situación descripta debe sumarse la erosión de la continuidad de las negociaciones para definir un Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, interrumpidas en octubre de 2004. Justamente, la situación creada coincide con la reunión por realizarse en Madrid sobre su relanzamiento, a la que concurrirá la presidenta Cristina Kirchner en su condición de presidenta pro témpore del Mercosur, que conlleva la representación de Brasil, Uruguay y Paraguay, países que observan con estupor las intenciones proteccionistas del gobierno argentino. No son pocos los obstáculos a sortear para llegar al deseado acuerdo final como para agregarle inútilmente nuevas trabas. Véase si no la oposición de los agricultores europeos que temen la competencia no sólo de sus pares argentinos, sino más recientemente de Brasil, transformado en una gran potencia productora y exportadora de alimentos.

Como se observa, los perjuicios ocasionados por los anuncios de Moreno son de altísimo voltaje. La presidenta de la Nación, que representará al Mercosur en Madrid y que en su condición de miembro del G-20 firmó su declaración contraria al proteccionismo comercial, debería corregir inmediatamente el rumbo. Lo aconsejable sería que el Gobierno hiciera saber que nada de lo anunciado se concretará y lo deseable, que se remueva del cargo al ímprobo funcionario que viene acumulando frentes de conflicto, uno tras otro.