Por: Emilio Ocampo - Luego de intensas negociaciones, el Senado de Estados Unidos finalmente votó a favor de una reforma del sistema financiero. Obama ahora deberá trabajar con los líderes del Partido Demócrata en el Congreso para conciliar la reforma votada en el Senado con la que aprobó la Cámara baja en diciembre último, lo cual tomará algunas semanas. Se espera que el presidente firme la ley definitiva el 4 de julio.

Hay bastante consenso en que el marco regulatorio que regía la actividad financiera contribuyó a gestar la crisis de 2007-2008 y que era necesario modificarlo para evitar los mismos problemas en el futuro. Este marco regulatorio nació en la crisis del 30, pero fue prácticamente desmantelado a fines de los años noventa. Para entender por qué era necesario reformarlo nuevamente es necesario repasar algunas de sus características. Quizás la más notable es su fragmentación. Diez organismos a nivel federal y casi un centenar a nivel estadual regulan la actividad financiera. Es decir que no existe un regulador único como en la mayoría de los países. Además, estos organismos reguladores «compiten» entre sí. Dicho de otra manera, las entidades financieras pueden elegir a su regulador cuando deciden cómo se incorporan (por ejemplo, banco comercial, banco de inversión o compañía de ahorro y préstamo). Un principio básico del marco regulatorio era el de regulación funcional, es decir, que la misma actividad era regulada de manera similar independientemente de qué organismo tuviera jurisdicción sobre la entidad que la desarrollaba. Además, todos los organismos regulatorios debían coordinar sus actividades y compartir información. En la práctica esto no ocurría, lo cual no sólo dio lugar a un arbitraje regulatorio, sino también a que ningún regulador entendiera cabalmente las ramificaciones sistémicas de la burbuja que se estaba gestando.

Por ejemplo, Citigroup era supervisado por la Reserva Federal, por la Federal Deposit Insurance Comission (FDIC) y por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Lehman Brothers y Bears Stearns por la Securities and Exchange Commission (SEC) y AIG por el comisionado de seguros del estado de Nueva York. Fannie Mae y Freddie Mac eran supervisadas por una agencia perteneciente al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Las compañías financiaras que otorgaban hipotecas subprime eran supervisadas por la OTS; y las monolines (como AMBAC y MBIA), por los comisionados de seguros de Nueva York. Además, por una ley aprobada por el Congreso en 2000, los derivados que cotizaban fuera de Bolsa (OTC derivatives) estaban exentos de supervisión y regulación. En la misma situación se encontraban los hedge funds.

Es decir que existía un sistema financiero paralelo («shadow banking system») que operaba al margen del sistema bancario tradicional, pero que controlaba un nivel de activos similar con más apalancamiento y menos regulaciones. Ambos sistemas colapsaron con la crisis subprime, dejando en evidencia las serias deficiencias del marco regulatorio.

La reforma aprobada por el Senado intenta corregir algunas de estas deficiencias. En primer lugar, aunque no elimina la multiplicidad de organismos reguladores, le otorga un status especial a la Reserva Federal. De ahora en más, la Fed tendrá la responsabilidad de supervisar las entidades financieras más grandes y complejas independientemente de su forma de incorporación para evitar que presenten riesgos «sistémicos» para el resto de la economía. También de proteger a los consumidores de prácticas abusivas. La Fed, además, formará parte de un nuevo consejo de reguladores (liderado por el secretario del Tesoro) cuya misión consistirá en controlar los riesgos sistémicos y prevenir la formación de burbujas especulativas. La legislación aprobada también faculta al Gobierno a intervenir y liquidar cualquier entidad financiera que enfrente una situación potencial o real de insolvencia. Todo esto apunta a evitar futuros rescates y eliminar el problema de riesgo moral que ya se ha instalado.

Una de las medidas más importantes que introduce la nueva legislación es que limita la actividad de proprietary trading (compra y venta de títulos por cuenta propia) de los bancos comerciales que no sea por orden de sus clientes y prohíbe la inversión en hedge funds y fondos de private equity. Además, estos bancos tampoco podrán comprar ni vender contratos de derivados. Según algunas estimaciones, estas limitaciones pueden reducir la rentabilidad de los bancos más grandes en casi un 20%. Goldman Sachs va a ser una de las entidades más afectadas. También se exigirá a los bancos que retengan en su cartera una porción de cualquier producto estructurado que vendan a sus clientes. Sin embargo, los bancos lograron impedir que se aprobara cualquier límite o impuesto a los paquetes de compensación de sus ejecutivos. La reforma sólo exige que estos paquetes de compensación sean determinados por un comité conformado por miembros del directorio independientes. La reforma tampoco reintroduce la división entre banca comercial y banca de inversión que estableció en 1934 la Ley Glass Steagall y que fue abrogada por el Congreso en 1998.

La reforma aprobada en el Senado también les da nuevos poderes a los reguladores para supervisar el mercado de derivados OTC e impone una mayor transparencia en este mercado al requerir que los contratos de derivados se transen a través de una cámara de compensación independiente. Sin embargo, no prohíbe las posiciones descubiertas («naked») en contratos de derivados de crédito (CDS), un tema que volvió a plantearse debido a la crisis de Grecia. Los hedges funds también estarán sujetos a una mayor supervisión y control.

En cuanto a las agencias calificadoras, que fueron la piedra angular sobre la que se edificaron las burbujas especulativas en ambos lados del Atlántico, la reforma busca romper su monopolio y eliminar conflictos de intereses. A partir de ahora, estas agencias serán supervisadas directamente por la SEC. Además, los inversores podrán demandarlas por incompetencia al establecer sus ratings (antes estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión).

En conclusión, la reforma aprobada por el Senado no es perfecta, pero es un buen compromiso. Además, es una gran victoria política para Obama, especialmente teniendo en cuenta que hace pocas semanas consiguió el visto bueno a una reforma radical del sistema de prestación de salud. El aval a dos reformas tan importantes en un año y medio de gobierno es un hecho notable. Sólo Roosevelt, Johnson y Reagan pudieron impulsar con éxito una agenda legislativa tan ambiciosa en un período tan corto.

¿Se evitará una nueva crisis con esta reforma? Difícilmente. Si los últimos 200 años sirven como evidencia, las crisis financieras son inevitables. Sin embargo, un marco regulatorio como el aprobado por el Senado probablemente contribuya a que la próxima crisis no sea tan severa y tan profunda como la de 2007-2008.