Con la velocidad de un rayo, el Banco Central (BCRA) aprobó ayer la nueva normativa que apunta a combatir el lavado de dinero y evasión fiscal y que tanto revuelo generó en las últimas horas en la city. En una reunión celebrada ayer por el directorio –se había postergado la del jueves pasado por el festejo del 75 aniversario de la entidad monetaria– se terminaron de cerrar los detalles de la medida y se decidió que hoy comenzarán a regir los nuevos controles para las compras de divisas “sin destino específico” a partir de determinados montos.

El vicepresidente del BCRA, Miguel Pesce, confirmó en una reunión con periodistas que las empresas e individuos que compren más de u$s 250.000 por año deberán presentar una justificación patrimonial que los habilite a adquirir esas divisas. Al mismo tiempo, cualquier individuo o compañía que quiera comprar más de u$s 20.000 por mes deberá hacerlo a través de pesos que provengan de una cuenta bancaria (ya se por transferencia o cheque). Pesce admitió que “la medida podrá generar alguna inquietud en el mercado hasta que se conozcan los detalles del comunicado, pero que de ninguna manera debiera tener un impacto sobre el dólar o generar una presión extra”. El vicepresidente del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont además desestimó que los controles puedan fogonear la demanda minorista. “Más de la mitad de las operaciones en el mercado de venta al público son menores a u$s 20.000 mensuales”, refutó el funcionario. “Estas medidas no apuntan a prevenir la fuga de capitales, sino que consolidan la idea de que Argentina es un país en el que es difícil hacer lavado de dinero, ya que todas las operaciones desde u$s 5 hasta cifras millonarias quedan en casi la totalidad de los casos registradas”, especificó.

La lectura del mercado es otra. En las mesas financieras consultadas por El Cronista explicaron que “la salida de capitales –entendida como la formación de activos externos– sigue siendo elevada, con un piso de fuga de u$s 700 millones mensuales”. En los bancos interpretan que, con estas medidas, desde el Gobierno quieren prevenir en el segundo semestre, cuando pase la época de liquidación de divisas por parte del agro, una presión sobre el tipo de cambio que obligue al Central a desprenderse de más reservas. El temor, además pasa porque se dispare el dólar blue o informal que se negocia en cuevas del mercado negro. Algunos plantean otras opciones para perseguir el mismo objetivo como eliminar el encaje de 30% para el ingreso de capitales. Pero la preocupación del mercado fue minimizada en Reconquista 266. “Algunos en el mercado hacen negocios inapropiados, por eso es injusto pensar que establecer más controles puede afectar al mercado que realiza operaciones legítimas. Los que dicen lo contrario defienden el lado oscuro de las operaciones”, disparó Pesce.

Mas allá de las especulaciones, lo cierto es que el grueso del trabajo recaerá en las espaldas de las entidades financieras. Queda relegado a los bancos y casas de cambio la tarea de monitoreo. La entidad vendedora deberá constatar que los montos adquiridos son compatibles con la Declaración Jurada de Ganancias y Bienes Personales del comprador (o el Balance, si se trata de una empresa) o, en su caso, pueden justificarse por hechos o ingresos posteriores. Habrá penas para las entidades y el cliente en caso de incumplimiento. Por otra parte, Pesce aclaró que toda operación para el pago de importaciones, utilidades y dividendos, inversiones directas en el exterior y pagos por deudas financieras con el exterior quedan exentas de este nuevo régimen y se seguirán adecuando a las regla vigentes hasta el momento.