Quienes critican o señalan las flaquezas de la UE, en el aspecto económico, político o de funcionamiento democrático, suelen recibir la descalificación o el estigma de euroescépticos. Sin embargo, se hace un flaco favor a la construcción europea negando toda posibilidad de reflexión crítica sobre la situación o sobre las bases y el funcionamiento de las instituciones ineficientes.
Acaba de producirse un hecho que es de justicia histórica, cultural y política, cual es la incorporación de 10 nuevos miembros a la UE. Aún se completará más cuando se añadan Rumanía o Bulgaria. Sin embargo, muchos ciudadanos, especialmente los españoles, no llegan a percibir la repercusión que esta novedad tendrá en nuestro futuro económico.
Tal percepción tiene que ver con la forma en cómo se ha construido la UE: de forma centralizada —desde Bruselas— y con un importante componente intervencionista, asimétrico, en las decisiones. Diseño que proviene de poner en el centro a los poderes e intereses políticos en lugar de los individuos.
Ese esquema de decisiones centralizadas, en Bruselas o en instancias políticas inferiores, obedece fundamentalmente al proyecto político, legal y administrativo propio de Francia y Alemania. Lo que no impide que deba existir una estructura de reglas e instituciones mínimas co- munes a todos los países miembros, para proteger la libertad de los ciudadanos y de las instituciones privadas, una función que es responsabilidad de los poderes públicos.
Muchas veces, las normas locales y los movimientos de los países individuales sirven para proteger intereses bastardos, y la Comisión o la Eurocámara deben poder imponer la competencia de las eléctricas en Francia, cerveceras en Alemania y de distribuidores de automóviles en toda la UE.
Pero lo que de continuo ven los ciudadanos europeos es que las decisiones políticas tienen sobre todo que ver con el reparto de cuotas de poder, de ayudas y fondos de cohesión, de transferencias agrícolas o con la adopción de medidas armonizadoras que pretenden igualar a los ciudadanos de todo el continente no ante la ley, sino ante cosas como el número de horas de trabajo, los sistemas fiscales o el patrón de crecimiento y productividad.
En ese orden de prioridades, los acontecimientos más recientes han favorecido a Francia y Alemania, que han acordado repartos de poder frente a otros países como España. La ampliación supone un importante mercado, por proximidad y afinidad cultural, para Alemania y, en menor medida, para Francia. Pero ésta ha sabido quedar de sobra compensada con la mejora de transferencias a su favor, a pesar de ser un país rico.
Por su parte, España, en aras del principio de solidaridad regional, va a dejar de percibir entre 2007 y 2013 casi 22.000 millones de euros en concepto de fondos de cohesión y regionales, a los que habrá que sumar la pérdida de 4.000 millones presupuestados en ayudas agrícolas.
Regiones como Asturias, Murcia o Castilla y León deberán ajustar sus economías y hacerlas menos dependientes de las ayudas públicas. Las menos favorecidas, como Extrema- dura, Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha, disminuirán sustancialmente los fondos que perciben. Y, en conjunto, la economía española no puede bajar la guardia en cuanto a equilibrios presupuestarios y financieros, ni dejar de introducir reformas precisas en sus sistemas de comercialización y distribución, fiscal, educativo y formativo o en su mercado laboral, porque en pocos años habremos dejado a un lado nuestra ventaja en precios o costes.
No pasa nada si éstos se elevan mucho. Los salarios y precios en Alemania son mucho mayores que en Polonia y no por ello todas las empresas se trasladarán allí. Es clave en la idea de costes la de productividad. Y en ella va implícita la de calidad del producto, además de la mejora de capital o la óptima organización productiva. Ese es el reto de España en los próximos años. |
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