Luján Scarpinelli - La intervención del Estado en empresas privadas no es un procedimiento nuevo para la administración actual: en los últimos años, el sector público se hizo presente bajo el título de interventor, veedor, coadministrador, socio o, en los casos más extremos, nuevo propietario.

Ayer, el brazo del Estado llegó a Metrogas, que arrastra una deuda millonaria por el atraso tarifario y la suba de costos que niega el Gobierno, según los argumentos de la firma, que se declaró incapaz de cumplir con sus compromisos financieros. En cuestión de horas, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ya había anunciado la intervención (ver aparte).

La receta ya se había aplicado en casos como el de Transportadora de Gas del Norte (TGN), del grupo Techint, que en 2008 declaró el primer default corporativo de la era kirchnerista. La empresa, que ya había reestructurado su deuda en 2006, se asumió insolvente ante un vencimiento de US$ 22,1 millones, y prometió renegociar su deuda de US$ 345 millones, hasta 2012.

Al igual que Metrogas, TGN relacionó su deterioro financiero con "la depreciación del peso sobre tarifas domésticas que permanecen fijas", a lo que añadió una baja en los ingresos por transporte de exportación y un incremento general de costos.

"Peligro para el servicio"

El Gobierno consideró que la cesación de pagos implicaba un "peligro para la prestación del servicio público", e intervino la empresa por 120 días para auditar la firma, pero después lo prorrogó. El interventor debía realizar una "coadministración societaria" y la "fiscalización y el control de todos los actos" que pudieran afectar el suministro.

Tras idas y venidas en la Justicia, recientemente se informó que TGN seguirá intervenida, al menos, hasta los últimos días de julio.

Otro caso muy similar es el de Autopistas del Sol (Ausol), concesionaria desde 1994 de la General Paz y el Acceso Norte. En noviembre, la firma se vio cercada por un vencimiento de US$ 9 millones, con una deuda total de $ 1162,7 millones.

También en esa ocasión, la empresa responsabilizó al Gobierno por el rojo de sus cuentas, debido a la falta de actualización tarifaria. El Gobierno dispuso una intervención por 120 días con el mismo objetivo de "auditar". A comienzos de año, Ausol hizo una oferta a sus acreedores, cuyo plazo postergó dos veces.

La intervención del Gobierno de Cristina Kirchner, que expropió Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans y adquirió mayor presencia en el sector privado tras la disolución de las AFJP, tiene su antecedente más cercano en la gestión de su marido: en 2004, por caso, le quitó a Metropolitano la concesión del ex ferrocarril San Martín. Se dijo, entonces, que se llamaría a licitación. Algo que aún no sucedió.

Néstor Kirchner se enfrentó en 2004 con el grupo Macri por el Correo Argentino como consecuencia de una millonaria deuda por el canon. Si bien se dijo que estaría en manos públicas por sólo seis meses, el Estado aún no lo ha soltado. En su último año de gestión, el ex presidente también tomó la decisión de rescindir el contrato a Aguas Argentinas, convertida hoy en la estatal AySA a través de un decreto.