Por JUAN CERRUTI  - No hay dudas: será una segunda mitad de año con los motores de la economía trabajando a altas revoluciones. Si los analistas privados acababan de revisar sus estimaciones de crecimiento al alza, hasta valores en torno al 8% para 2010, ahora tendrán que volver a hacer cálculos. Y pese a las advertencias que la presidenta le hizo ayer a los empresarios, también habría que seguir de cerca la evolución de la inflación.

En la era de la “reactinflación” (como le gusta decir a un reconocido economista de la city porteña) todo va para arriba: salarios, ingresos, nivel de actividad. Y también precios.

Tan sólo las medidas anunciadas ayer por Cristina Fernández de Kirchner representan una inyección de pesos a la economía de casi $ 18.000 millones anuales (más precisamente $ 17.992,8 millones). Así surge al sumar los aumentos en jubilaciones ($ 14.258 millones), asignaciones familiares ($ 1.966,8 millones) y asignación universal por hijo (1.768 millones). Y sin tomar en cuenta la rebaja del impuesto a las Ganancias que se anunció tan sólo tres semanas atrás y por la cual se volcarán otros $ 3.200 millones a la economía en los próximos 12 meses.

En el plano político, la movida del Gobierno es la respuesta al embate de la oposición por el 82% móvil a las jubilaciones. En el plano económico implica apuntalar los bolsillos de la población y, en defintiva, impulsar el consumo frente a la erosión de ingresos que genera la inflación.

Tanto en el plano político como en el económico la medida significa aumentar la protección social de dos de los sectores más vulnerables del país: 14,2 millones de personas, entre jubilados y pobres. Uno de cada tres argentinos.

Rápida de reflejos, la presidenta ayer realizó una advertencia a los empresarios para que el aumento de las jubilaciones y asignaciones “no tenga un correlato en incrementos de precios” ya que, destacó, “las negociaciones salariales están terminadas y estos aumentos son a cuenta de la ANSeS”, por lo que no representan erogación alguna para el sector privado. Es acertada la lógica del razonamiento si la inflación que actúa es la de costos.

Pero si el aumento de precios no es consecuencia de mayores costos empresarios, sino de un exceso de demanda sobre la oferta, el escenario es otro. Es decir, si la presión inflacionaria se deriva de un consumo privado que crece a un ritmo superior al que pueden producir las compañías en el corto plazo, al menos hasta que actúen las inversiones. Y ciertamente es posible que la medida anunciada ayer, al incrementar los ingresos de los sectores con menores recursos (jubilados y pobres) impulse con fuerza el consumo. En la jerga de los economistas, son los estratos con mayor propensión marginal a consumir, aquellos sectores que destinan al consumo una mayor parte de cada peso adicional.

No se trata de una evaluación de la justicia social del aumento (hecho que está fuera de discusión), sino de escudriñar los vasos comunicantes del actual modelo económico para evitar que lo anunciado ayer se transforme en un juego de suma cero: lo que se recibe por un bolsillo se va por el otro a los pocos meses por efecto de la inflación. Tener una cobertura social amplia es tan importante como asegurarse ella no se diluya al poco tiempo.

Actualmente el consumo representa dos tercios del PBI del país y va en ascenso. La paradoja que plantea es que en este contexto juega a favor y en contra. Por un lado, tracciona la economía como ninguna otra variable. Pero el exceso de demanda fogonea aun más los precios. Lejos de apaciguarse, la carrera entre consumo y precios parece tomar cada vez más velocidad. Gobierno, empresarios y gremios deberán trabajar para que las víctimas de esta pulseada no sean los beneficiarios de ayer.