Por Hugo Alconada Mon - La Unidad de Información Financiera (UIF) continúa su avance. Ahora, y por primera vez desde su creación, hace 10 años, aplicó ayer un "poder de policía antilavado" y requirió información a una agencia de remesas de dinero, según confirmaron fuentes del organismo a LA NACION, lo que disparó la polémica entre los expertos del sector.

El operativo se desarrolló ayer en Liniers, donde un equipo de la UIF liderado por su presidente, José Sbattella, ingresó en el local, solicitó copias del manual de procedimientos de la firma, pidió datos sobre el oficial de cumplimiento y levantó un acta, detallaron las fuentes consultadas.

El "operativo de policía antilavado", como lo definieron desde la Unidad, continuará durante las próximas semanas en más de una docena de empresas del sector, que concentra el ingreso de más de US$ 853 millones a la Argentina, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y moviliza varios millones más al exterior.

Hoy será el turno de una de las empresas más antiguas y conocidas del sector a nivel mundial, según adelantaron a LA NACION allegados a esa compañía, que evaluarán los pasos por seguir. Por lo pronto, aportarían todo lo que puedan requerirle "bajo reserva" de eventuales acciones judiciales.

Las empresas del sector están obligadas a reportar a la UIF las operaciones que consideren sospechosas, pero carecen de un ente público que las supervise, ya que el Banco Central (BCRA) y el Correo Argentino -supervisor originario- no cumplen con esa labor.

"Es necesario que algún organismo controle a las «remesadoras» [sic], y cuando este procedimiento se complete se les notificará que ahora se encuentran «bajo supervisión de la UIF»", dijo una alta fuente de la Unidad a LA NACION.

Para evitar sorpresas y resistencias, indicaron desde el ente oficial, se notificó a la empresa que sería sujeta a un control en el que se le requeriría cierta información y algunos documentos, y sólo luego se presentó una delegación de la UIF. De ese modo, Sbattella logró lo que buscaba: un precedente pacífico de su "poder de policía" administrativo sin que, al menos ayer, el sujeto bajo revisión objetara el procedimiento.

El afán por garantizarse ese "poder de policía" responde a una necesidad que excede las fronteras argentinas. Sbattella procura mostrarle "resultados" y "cambios" al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa por estos días la redacción final de un durísimo informe sobre el país que se terminaría de definir en octubre, en París, según adelantaron a LA NACION fuentes del sector.

Entre esos "resultados" y "cambios", Sbattella muestra que la UIF aplicó ya su primera y multimillonaria multa a un banco por fallas para reportar una operación sospechosa, se presentó ya como querellante en 5 causas judiciales y como colaborador en cerca de 70 más, presentó un proyecto de ley para reformar la Unidad y, a partir de ayer, sentó un precedente de "policía antilavado".

Sospechado de actuar como un brazo amenazante de los intereses de la Casa Rosada, Sbattella también cosechó críticas por su último paso entre los expertos del sector consultados por LA NACION.

"La ley que la regula no le da un poder de policía a la UIF, el procedimiento es nulo de nulidad absoluta", estimó la primera presidente de la Unidad, Alicia López. Si quieren tener ese poder de policía, deben reformar la ley vigente, pero acá se trata de una cuestión política del Gobierno, no técnica", planteó.

"Sin facultades"

El ex coordinador del Estado argentino ante el GAFI Juan Félix Marteau coincidió con López. "Legalmente no tienen ese «poder de policía», aunque fácticamente quieran aplicarlo", destacó. "Los legisladores no le dieron explícitamente esa facultad a la UIF ni tampoco está en el espíritu de la norma", comentó el redactor preliminar del proyecto para reformar el sistema antilavado que presentó Elisa Carrió la semana pasada.

Sbattella y su equipo se apoyan, sin embargo, en la resolución 104 que la propia UIF emitió el 12 de julio, algo que también objetó el director de Asuntos Jurídicos de la Unidad hasta principios de este año, Carlos Bustillo. "La ley no le da a la UIF facultades para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones, y con una resolución no se puede modificar la ley", subrayó.

Ajenos a esa polémica, al menos por ahora, Sbatella y sus colaboradores toman los operativos sobre las agencias de remesas como el primer paso de una estrategia más amplia. El segundo paso se concentraría en las transportadoras de caudales, indicaron a LA NACION antes de ampliar aún más el espectro.

Al igual que con las remesas, desde la UIF argumentan que ningún órgano estatal controla con rigurosidad a las empresas de caudales. Pero también ante este sujeto obligado, los tres expertos consultados coinciden en el mismo límite: para eso es necesario reformar la ley.