RIO DE JANEIRO.- En un esfuerzo por proteger a su sector agropecuario, considerado clave para su desarrollo económico, el gobierno de Brasil endureció ayer las limitaciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

En Brasilia, el procurador general de la República, Luis Lucena Adams, anunció que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva ya había firmado la nueva norma, que reinterpreta una ley de 1971 y restringe a máximos de entre 250 y 5000 hectáreas -dependiendo de la zona del país- la cantidad de tierras rurales que pueda adquirir una empresa extranjera o brasileña pero controlada por capitales foráneos.

La reglamentación establece también que la suma de las áreas adquiridas por las compañías bajo control extranjero no podrán superar el 25 por ciento del tamaño de cada municipio.

"No vamos a excluir la participación extranjera, pero queremos preservar el control nacional en la posesión de tierras. Las compañías se tendrán que adaptar y cooperar más con empresas locales", señaló Lucena Adams, que descartó que la medida pueda poner un freno a la inversión extranjera en el país, como expresaron su preocupación analistas económicos.

"Lo que pautan las inversiones en Brasil no es el control de la tierra o de las empresas, sino el rendimiento financiero [a las inversiones realizadas]", subrayó el funcionario, quien advirtió que la medida no se aplicará retroactivamente.

El gobierno buscó así poner fin a un resquicio legal en la ley de 1971 -durante la dictadura- que, de acuerdo con una interpretación aprobada en 1998, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, permitía a extranjeros soslayar las restricciones establecidas mediante la creación de una empresa con sede en Brasil.

Bajo la nueva interpretación, las adquisiciones de tierras por empresas "brasileñas" pero controladas por capitales extranjeros también deberán ser registradas públicamente y comunicadas al Ministerio de Desarrollo de Tierras, obedeciendo así a la Constitución de 1998, que señala que el Estado debe regular el capital extranjero en sectores considerados estratégicos.

"Brasil creció y atrajo el interés de los extranjeros. Necesitamos tener un control estratégico sobre la industria agropecuaria. No se trata de una visión de soberanía, sino de una forma de preservar el país del dominio del capital extranjero", apuntó Lucena Adams.

En los últimos años, debido a la escasez mundial de alimentos, el aumento del mercado de los biocombustibles y la apreciación de los productos agrícolas, Brasil -uno de los mayores graneros del mundo- ha visto una avalancha de empresas de capitales extranjeros comprar tierras en su territorio.

La venta de tierras a extranjeros no está regulada en el país, pero en el Congreso se presentaron dos proyectos de ley para establecer su prohibición. Uno fue impulsado por las diputadas Elisa Carrió y Susana García y el otro, por los diputados Pablo Orsolini y Ulises Forte. El proyecto de Carrió se tratará en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja. Hace dos semanas, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que era necesaria una ley que "diera prioridad" en la venta de tierras a los argentinos, aunque voceros de la cartera explicaron que no se estaba trabajando en un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo.