Por Javier Blanco - El Gobierno comenzó a dar los pasos tendientes a recomponer, al menos en lo formal, su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras haber comprobado que se trata de un paso ineludible para lograr su cometido de regularizar la última deuda que el país mantiene en default: los US$ 7000 millones que debe a los Estados miembros del Club de París. Aunque, de ese total, poco más de US$ 5300 millones son exigibles en la actualidad por estar efectivamente vencidos.

De esta manera, el país normalizaría la relación con los mercados financieros internacionales y lograría reabrir una ventana crediticia de vital importancia para financiar la inversión pública y privada a tasas y plazos más acordes con las características de cada proyecto, que es lo que, en definitiva, procura con este acercamiento.

No en vano uno de los hombres del Gabinete que alientan esta salida es el influyente ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que busca acceder a fondos para que no corra riesgo de paralizarse en 2011 el plan de obras públicas sobre el que el Gobierno arma buena parte de su estrategia electoral.

La compleja tarea, según pudo establecer LA NACION y confirmaron en el Ministerio de Economía, volverá a recaer en el ex secretario de Finanzas Alfredo Mac Laughlin (ocupó el cargo en la segunda mitad de la presidencia de Néstor Kirchner), quien sucederá a Pablo Pereira como representante argentino ante el FMI, donde desembarca además con el visto bueno de varios de los más emblemáticos miembros de su staff.

Se trata de aquel banquero que, como representante en la Argentina de Deutsche Morgan Grenfell (la casa de bolsa local del Deutsche Bank), le recomendó a Kirchner a fines de los 90 sacar del país los fondos que su provincia había recibido derivados de la privatización de YPF. A fines de 2005, desde Finanzas, tuvo a su cargo la ingeniería financiera para liquidar en un pago y con reservas la deuda con el FMI, aunque terminaría dejando el cargo un año más tarde, paradójicamente, cuando no tuvo el aval final de Kirchner para arreglar con el Club de París, tras haber trabajado arduamente para llegar a un principio de acuerdo.

Con poderes y una misión difícil

Mac Laughlin asumirá formalmente como miembro del directorio del FMI a fines de septiembre, cuando se realice la próxima asamblea anual conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washington. Al encabezar la representación argentina ante el organismo, ejercerá una suerte de jefatura en las relaciones con el resto de los organismos multilaterales (los representantes argentinos ante el BID y el Banco Mundial deberán reportarle), dato que demuestra que recibió "poderes especiales" de la Casa Rosada para tratar de cerrar definitivamente esta historia.

Antes, el próximo lunes, el minué de acercamiento tendrá una prueba en Buenos Aires con el arribo de María de los Angeles González, la venezolana que será nueva representante del FMI ante el país y será agasajada ese día con una recepción en el Hotel Panamericano.

La primera misión de Mac Laughlin será regularizar el envío de información al FMI, una obligación que la Argentina incumple desde hace 4 años, pero que se hizo más insostenible los últimos dos años, cuando asumió ese mismo compromiso como activo integrante del G-20.

Sin dar ese paso, cualquier camino para arribar a un arreglo con el Club de París se transforma en un callejón sin salida. Lo comprobó la administración de Cristina Kirchner, que tozudamente intentó evitar la auditoría del FMI todo este tiempo y, en ese intento, hasta llegó a anunciar en septiembre de 2008 que saldaría esa cuenta con reservas, hasta el punto de suscribir un decreto (el 1394/08) para intentar viabilizar ese pago.

Los puntos sensibles están relacionados con la fidelidad de las estadísticas argentinas (el jefe de departamento de estadísticas del FMI, Robert Edwards, tiene un pésimo concepto de la profesionalidad de las actuales autoridades del Indec) y la exposición en futuros cambiarios que acumula el Banco Central (BCRA), algo con lo que el organismo se puso riguroso tras la crisis tailandesa.

Sólo si avanza en eso, se allanaría el camino para la llegada al país de una misión técnica de bajo perfil que debería comprometerse a entregarle al Gobierno sus conclusiones antes de tomar contacto con representantes del sector privado local.