La empresa italiana Impregilo acordó desistir de la demanda contra la Argentina que había interpuesto en septiembre de 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), informó ayer el Gobierno. El acuerdo fue firmado por el procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado), Joaquín da Rocha, y el representante de la empresa, Guillermo Díaz.

Mediante este pacto, Impregilo retirará la demanda que había iniciado ante el Ciadi contra el Estado argentino y contra la provincia de Córdoba por el congelamiento de las tarifas de peaje vial e incumplimientos en la financiación de obras de la empresa Caminos de las Sierras.

La firma italiana, dueña del 90,5 por ciento de las acciones de la compañía vial, había reclamado ante el Ciadi una indemnización de 250 millones de dólares.

Según informó la Procuración del Tesoro en un comunicado, el convenio firmado ayer se logró gracias a que en febrero pasado la provincia de Córdoba e Impregilo acordaron la compraventa de acciones y de reestructuración de pasivos de Caminos de las Sierras.

El Ministerio de Economía nacional autorizó a esa provincia a endeudarse para adquirir las acciones de la concesionaria y emitió una garantía para la reestructuración del pasivo de la empresa vial.

Impregilo había demandado al Estado en septiembre de 2008 por reclamos tarifarios y pesificación en el marco del contrato de concesión que la provincia de Córdoba le había adjudicado para la construcción y el mejoramiento de una red de caminos.

El desistimiento de la demanda se suma a otras millonarias resoluciones en favor del Estado que la Procuración del Tesoro logró en los últimos tiempos en el Ciadi. A fines de julio, un Comité del Ciadi anuló definitivamente el laudo por el cual se había condenado al país a pagar US$ 106,2 millones a Enron Creditors Recovery Corp y Ponderosa Assets. La misma decisión había tomado en junio al anular totalmente la condena por US$ 128 millones en favor de Sempra Energy International.

• La empresa italiana Impregilo reclamaba esa cifra, como indemnización, a la provincia de Córdoba.