El proyecto del oficialismo para la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas propone que, en un plazo de tres años, la medida alcance a todas las compañías privadas y no sólo a las grandes.

Así lo establece el artículo 31° de la iniciativa, elaborada por el diputado cegetista Héctor Recalde y respaldada públicamente por Néstor Kirchner, que ingresó ayer de manera formal en la Cámara de Diputados, luego de varios días de espera.

De acuerdo con el texto de la propuesta, durante su primer año de vigencia la medida alcanzaría sólo a las empresas de más de 300 trabajadores. Pero durante el segundo año el universo de compañías obligadas se ampliaría a aquellas de más de 100 trabajadores e incluiría, desde el tercer año, al resto de las firmas de propiedad privada.

El proyecto de Recalde había sido tomado como bandera por Kirchner en el último acto que protagonizó antes de la intervención coronaria a la que debió someterse en la noche del sábado pasado. "Está bien que las empresas ganen dinero, pero también es justo que los recursos humanos participen de ellas", había dicho el ex presidente, durante un acto en La Boca.

De acuerdo con el texto del proyecto, que había despertado fuertes reacciones en las asociaciones empresariales incluso antes de ser presentado en el Congreso, el monto por distribuir entre los trabajadores debe ser del 10% de las ganancias netas de las empresas. Para determinar esa cifra, la iniciativa permite que se deduzcan reinversiones hasta un máximo del 50% de las utilidades.

La propuesta establece que las empresas obligadas a distribuir un porcentaje de sus utilidades entre sus trabajadores deben tener un monto mínimo de ganancias, pero deja la determinación de esa cifra en poder de un ente creado para ser la autoridad de aplicación de la norma.

Se trata del denominado consejo nacional de participación laboral en las ganancias, un órgano formado por doce integrantes: cuatro en representación del Estado, cuatro por la CGT y cuatro en nombre de asociaciones de empleadores "suficientemente representativas".

Autoridad estatal

Todos los integrantes son designados, a propuesta de cada sector, por el Poder Ejecutivo, que además preside el consejo.

La iniciativa sólo propone exceptuar de la medida a las empresas con menos de dos años de antigüedad y, por un plazo de cuatro años, a las compañías creadas para la provisión de "un nuevo bien o servicio".

En cuanto al reparto del fondo, el proyecto prevé que, del monto total por distribuir, un 5% sea destinado a la formación de un fondo solidario. El restante 95% se repartiría de la siguiente manera: la mitad de acuerdo con la cantidad de días trabajados y la otra mitad, según el sueldo de cada trabajador.

De la distribución participarían todos los empleados, con la excepción de aquellos con un salario cinco veces superior al sueldo promedio abonado por la empresa, lo que dejaría afuera básicamente a las líneas gerenciales.

Otro dato importante del proyecto es que las asociaciones sindicales tendrán derecho a fiscalizar las cifras de ganancias declaradas por las empresas. Para ello, estarán habilitadas a pedir todo tipo de documentación a las firmas privadas.