La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió ayer a plantear un enérgico rechazo al proyecto que pertenece al diputado cegetista Héctor Recalde y que plantea la posibilidad de que se reparta entre los trabajadores de una empresa un 10% de las ganancias y que éstos controlen los resultados. Lo hizo a través de un comunicado acordado entre todos sus miembros, ayer, después de finalizada la reunión de comité directivo.

El texto fue más terminante que el que, una semana antes, junto con los otros integrantes del Grupo de los Seis, había difundido la propia entidad fabril. "Los representantes de las distintas cámaras y entidades regionales que integran la UIA expresaron hoy [por ayer] por unanimidad su fuerte preocupación y rechazo al proyecto de ley de cogestión que propone un desmedido avance sindical en las empresas, calificando la iniciativa de inconsulta e inoportuna. A tal efecto, se convocó para la semana próxima para continuar con el análisis del proyecto cuyas disposiciones no propician la formalización de la economía y conspiran, inevitablemente, contra la redistribución de la riqueza".

La central fabril dará la semana próxima una explicación a las respectivas cámaras sobre qué significa el proyecto y cómo combatirlo discursivamente frente a los argumentos de los sindicalistas y el Gobierno. "Vemos que se están diciendo pavadas, como que esta iniciativa de cogestión se da en otros países del mundo, nada más absurdo", dijo ayer a este diario uno de los ejecutivos de la junta directiva fabril.

En la reunión hablaron Daniel Funes de Rioja (vicepresidente 7°), Guillermo Gotelli (vocal), Ricardo Khayat (protesorero), Carlos Garrera (vicepresidente pymi) y Pablo Challú (prosecretario), entre otros. En la mayor parte de los casos, los directivos expusieron la preocupación acerca de que la iniciativa de Recalde pueda perjudicar principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

Los industriales están convencidos de que el proyecto, que fue ya respaldado públicamente por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no es otra cosa que un guiño del ex presidente Néstor Kirchner al camionero Hugo Moyano, líder de la CGT, y que complicará seriamente la vida de las empresas e incrementará el pasivo contingente de la mayor parte de los sectores. De ahí que, en privado, no hablen ya del borrador de Recalde, sino de "la ley Moyano".

La sospecha de que el Gobierno lo utiliza también para azuzar al establishment cobró fuerza ayer por la mañana, cuando los industriales advirtieron que el propio Tomada se ausentaba de un panel que tenía previsto compartir con Funes de Rioja en el Encuentro IDEA Pymes, que se desarrolló en el hotel Panamericano (ver aparte).

De todos modos, el presidente de la Coordinadora de Empresas Productoras de Alimentos (Copal) y principal referente laboral de la UIA sostuvo allí sus fuertes críticas al contexto laboral en que tienen que desenvolverse las compañías.

Funes de Rioja mencionó como cuestiones por resolver el régimen de riesgos del trabajo y lo que consideró "rigidización de las relaciones laborales por vía legislativa y judicial". Algo que, agregó, incentiva la "industria del juicio". El abogado dijo que era necesario que las pymes entraran en una "economía formal, sin obstáculos jurídicos, con sindicatos adaptados a las circunstancias, sin tensar la cuerda, sin promover la industria del juicio con la ley de riesgos del trabajo. No hay frenos ni contrapesos. Subsiste un prejuicio vergonzante". Lo escuchaban unos 300 empresarios pyme.

Estos desencuentros con la Casa Rosada son en la UIA el tema de conversación no sólo por su contenido, sino porque es probable que perturben la convocatoria que ha hecho la central fabril a funcionarios del Gobierno para la próxima Conferencia Industrial, que se hará entre el 18 y el 19 de noviembre en el Centro Costa Salguero. "La Presidenta está invitada al cierre, pero también muchos dirigentes de la oposición y sindicalistas", dijo uno de los organizadores.

El rechazo al proyecto es en realidad el pensamiento de casi todas las cámaras empresariales. La semana pasada, el Grupo de los Seis, integrado por representantes de la banca, la industria, la Rural, la Bolsa y las cámaras de comercio y la construcción difundió un comunicado en que expresaba un descontento similar.