Por NOELIA BARRAL GRIGERA - Los bloques del núcleo duro opositor sumaron ayer a algunos peronistas díscolos en el Senado y dieron un paso clave en la discusión para llevar las jubilaciones más bajas al 82 por ciento del salario mínimo, al ratificar en comisiones y por mayoría la media sanción que dio Diputados al proyecto. La iniciativa quedó listo para ser tratado en la sesión prevista para el 13 de octubre, a la que la Cámara llegará expectante –según admiten todos los bloques– por el final abierto. Aunque si la oposición logra por primera vez convertir en ley un proyecto propio, el Poder Ejecutivo ya advirtió que la vetará.

El despacho de mayoría de las comisiones de Trabajo y Presupuesto dispone llevar la jubilación mínima de 1.046 pesos a 1.426 este año y a 1.508 desde 2011 y, para el resto de los haberes, mejoras previstas en más del 50 por ciento, en cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema Badaro y Sánchez. La medida afectará recursos públicos por entre 20 mil y 30 mil millones de pesos anuales –según la estimación sea de la oposición o del oficialismo–, aunque el proyecto de ley no establece de dónde saldrán esos fondos.

Apoyaron el dictamen los radicales Gerardo Morales, Alfredo Martínez, Ernesto Sanz, Roy Nikisch, Laura Montero y Eugenio Artaza; el socialista Rubén Giustiniani; la cívica María Eugenia Estenssoro; el peronista federal Juan Carlos Romero; y los díscolos Carlos Verna (PJ-La Pampa); Marcelo Guinle y Graciela Di Perna (PJ-Chubut); y Adriana Bortolozzi (PJ-Formosa).

Sin embargo, el senador pampeano estableció su apoyo con disidencias parciales por la falta de una estructura de financiamiento para la medida, un punto que exige la Ley de Administración Financiera para leyes que establezcan nuevas erogaciones al Estado.

Según adelantaron en su despacho, Verna buscará incluir un artículo al respecto durante el debate del tema en el recinto, cuando propondrá que, para sostener los aumentos, las provincias continúen derivando a la ANSeS el 15% de la coparticipación federal (unos $ 22.500 millones, según su estimación) durante los próximos tres años, con afectación específica a jubilaciones. Sin embargo, en el resto de los bloques no hay intenciones de introducir modificaciones al proyecto, ya que ello implicaría que (de aprobarse) deba volver a la Cámara baja.

Por su parte, en el plenario de las comisiones, el oficialismo firmó un despacho de minoría estableciendo el rechazo total a la media sanción de Diputados, votada a fines de agosto. El jefe del bloque, Miguel Pichetto, había manifestado semanas atrás ante representantes del Ejecutivo y otros dirigentes kirchneristas su convicción de que el proyecto para aumentar las jubilaciones no sería aprobado en el Senado, luego de que la peronista santafesina Roxana Latorre (ex reutemista) y el radical correntino José María Roldán anunciaran públicamente su rechazo al texto.

Sin embargo, el escenario de fuerte paridad que vive la Cámara desde el último recambio parlamentario no permite prever un resultado definitivo. Menos aún después del apoyo del grupo de peronistas díscolos (que alternativamente votan con el Gobierno o la oposición) al dictamen de la mayoría. Por eso ayer, en todos los bloques, advertían que “todavía no se hicieron números” sobre la votación, en referencia a que ninguno de los jefes de bloque puede pronosticar el destino del texto. Aunque fuentes del oficialismo insistieron en remarcar: “Creemos que tenemos posibilidades”.

De todas formas, si la ley es finalmente aprobada, el Poder Ejecutivo advirtió semanas atrás que la presidenta Cristina Fernández la vetará. Argumenta el Gobierno que el proyecto no es financieramente viable en la actualidad y que la oposición no especifica de qué manera pretende que el Estado haga frente a las nuevas erogaciones que crearía. Para Giustiniani, sin embargo, la iniciativa puede ser solventada sin problemas por “una ANSeS rica” en beneficio de “cinco millones de jubilados pobres”, explicó.