DOLORES OLVEIRA - Las empresas que concreten operaciones de comercio exterior a través de métodos considerados sospechosos por la AFIP –como utilizar paraísos fiscales, compañías vinculadas o triangular– tendrán que pagar un anticipo del impuesto a las Ganancias.

El pago a cuenta se establecerá sobre base presunta, o sea que la AFIP determinaría ciertas presunciones de valores de los productos para los casos en que haya grandes diferencias de precios entre el destino final de la exportación y la que se declara en el país.

Esta solución se está analizando luego de que la AFIP hizo el mayor reclamo de su historia por presunta evasión, en un caso de triangulación con una zona franca de Uruguay por parte de la cerealera Bunge, la que sufriría un ajuste de por lo menos $ 1.200 millones de Impuesto a las Ganancias si la AFIP logra demostrar la acusación.

Y no es el único caso de grandes exportadoras bajo investigación en la AFIP, ya que en 2009 hubo u$s 8.800 millones de triangulación con Uruguay, así como otros u$s 4.328 millones con Suiza, país al que sólo arribaron mercaderías por un valor de u$s 1.518 millones.

Con Barbados, se triangularon u$s 873 millones de los cuales el 77% fue del sector minero y 32% de petroleras, y apenas u$s 3 millones llegaron a destino.

En tanto, con Islas Caimán se triangularon otros u$s 688 millones de los cuales el 79% fue del sector pesquero, 11% de exportaciones de maní y 5% de petróleo, y llegaron productos por u$s 41 millones.

Si bien Uruguay no está clasificado internacionalmente como país de baja o nula tributación (paraíso fiscal), la AFIP insiste que se utilizan su zona franca como una pantalla para no pagar Ganancias.

En la legislación argentina, el criterio conocido como “precio de transferencia” se aplica a las exportaciones entre una empresa residente argentina y una vinculada en el exterior mediante una holding, o bien con otra firma residente en un paraíso fiscal.

La residente argentina tiene que realizar un “estudio de precios”, presentar declaraciones juradas informativas especiales y conservar documentación de respaldo de todo ello.

El estudio de precios sirve para demostrar que los valores de la exportación fueron determinados como si la operación se hubiesen realizado entre firmas independientes. Y, además, debe ser certificado por un contador externo y ser presentada a la AFIP junto con la declaración jurada informativa de precios de transferencia, conservando los documentos de respaldo.

Existen fuertes penas por incumplimiento de las normas de precios de transferencia.

Hasta ahora no se preveían acuerdos anticipados de precios entre el fisco y los contribuyentes, pero en adelante podrían ser impuestos por la AFIP.

En el caso Bunge, el fisco estima que la empresa evadió el pago del Impuesto a las Ganancias por alrededor de $ 1.200 millones de pesos entre 2007, 2008 y 2009, años en los que declaró ganancia cero en la Argentina, al haber transferido su operatoria para la exportación a una oficina comercial de la compañía en una zona franca de Uruguay.

Para la empresa, esa oficina tiene riesgos, funciones y personal suficiente, pero para la AFIP “no tiene entidad comercial ni operativa”.

Así la AFIP se presentó ante el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien ordenó allanamientos en más de cinco ciudades, en los que intervinieron 500 agentes del fisco, pero la tarea de prueba que queda por delante no será nada fácil, dijeron en el organismo, y esto es lo que inspiró la idea del pago a cuenta generalizado.

La empresa declaró que hará “todas las presentaciones judiciales necesarias en defensa de sus derechos y de su intachable reputación comercial frente a las falaces e improcedentes imputaciones formuladas”.