La Defensoría del Pueblo de la Nación emitió una resolución en la que recomienda a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquidar en tiempo y forma las sentencias favorables a jubilados que le hicieron juicios al Estado. Según el organismo, a fines de 2009 había 17.533 personas que, habiendo agotado todos los recursos disponibles para que se les abonara lo dispuesto por la Justicia, no habían logrado que se cumpliera con sus derechos.

La resolución del adjunto I a cargo de la Defensoría, Anselmo Sella, se refiere a la falta de cumplimiento del "Acuerdo de solución amistosa" firmado en noviembre de 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Ese pacto se originó en una denuncia presentada por un grupo de jubilados en 1995.

Uno de los abogados patrocinantes de esa denuncia, Horacio González, dijo ayer a LA NACION que la Anses "no está respetando el plazo de cumplimiento de las sentencias", de 120 días hábiles desde su notificación. "En muchos casos, la excusa es que no tiene información sobre sueldos para poder liquidar el juicio", explicó. Agregó que tampoco se cumple el compromiso de no apelar las sentencias que se refieren a los reclamos por la aplicación de ajustes según los criterios fijados en los casos Sánchez y Badaro.

Según explicó Juan Minguez, adjunto II de la Defensoría, el expediente sobre el tema se inició a partir de un pedido del ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido. "Existe disponibilidad de recursos, y además está el acuerdo", sostuvo Minguez, y agregó que al pedido de explicaciones "la Anses no nos dio respuestas que nos satisficieran".