Por: Ignacio Ros - La AFIP anunció ayer que pondrá un auditor en cada una de las 1.178 empresas que cuentan con promoción industrial o fiscal, para controlar el destino de los beneficios. Si bien la iniciativa estaba en los planes del Gobierno desde 2006, recién en la actualidad la Secretaría de Seguridad Social cuenta con la estructura necesaria para emprender esta tarea que requerirá cientos de agentes. «Antes teníamos 107 empleados en el sector, ahora son más de 2.000, la mayoría provenientes de las AFJP. Teníamos que esperar a crear este equipo, porque éste es un plan que requiere presencia real», explicó ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al presentar el Programa de Fiscalización Permanente a empresas promovidas.

El auditor designado tendrá como principales tareas realizar un reporte diario de la cantidad de trabajadores que asisten; corroborar el volumen de compra a proveedores, para ver si se condice con el nivel de producción del establecimiento; fiscalización de los libros y registros para determinar si son equivalentes a la facturación; y control del transporte y los fletes que utiliza la empresa.

Adicionalmente, a partir del 1 de diciembre, todas las empresas con promoción deberán adherirse al sistema de factura electrónica, para cruzar los datos con los recabados por el auditor.

En la presentación también participaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director general de Seguridad Social, Carlos Sánchez.

Según indicó Sánchez a este diario, «de las 1.616 empresas que contaban con promoción fiscal o agrícola -la mayoría radicadas en el interior del país-, 438 perdieron sus beneficios o se les retiraron parcialmente» por no cumplir lo pactado. Tras entregarse estas ayudas a la producción, el problema no es ajeno al resto de los subsidios (transporte, gas, energía): garantizar el destino del recurso. «Esto va a ayudar a desarticular la producción nociva. Es para aquellos que alquilan un galpón en el interior del país y traen su producción de otro lado», advirtió Echegaray.

En esta ocasión, el organismo estatal también presentó el Indicador Mínimo de Trabajo (IMT), una herramienta que intentará combatir uno de los puntos débiles de la economía local: el empleo en negro. Según cifras oficiales son más de 4,5 millones personas los trabajadores no registrados. Los primeros sectores analizados con el IMT son la construcción y la industria textil. Para el caso de la construcción, este índice establece que se requieren 3,2 jornales por metro cuadrado construido. A modo de ejemplo, explicaron que para una edificio de 10 mil metros cuadrados se requerirán 60 empleados y 24 meses de plazo para finalizarlo. Sin nombrarla, indicaron que una constructora investigada realizó este mismo trabajo, declarando sólo a cuatro empleados.

Para el caso de las textiles, el IMT vincula cantidad de empleados por máquina, horas de trabajo y metros cúbicos de gas que se requieren. Por ejemplo, en el caso del teñido de tela, se necesitan 1,9 empleado por máquina, calculando una producción mensual por operario de 700 kilos.

El rubro de la construcción es uno de los que genera los peores dolores de cabeza a la hora de fiscalizar, ya que en 2009 las ventas alcanzaron los $ 65.877 millones, mientras el empleo en el sector cayó un 6,5%. Una vez detectada la irregularidad por parte del auditor, el titular de la empresa tendrá 15 días hábiles para realizar los descargos o componer la situación. De lo contrario, la multa equivaldría a los aportes que debería haber hecho, multiplicados por cuatro, para un lapso de dos años.