-Quería preguntarle, como el año pasado en la asamblea del FMI en Estambul, qué opinión le merece que la Argentina no acepte la consulta del artículo IV y de su sistema financiero, como miembro del FMI y del G-20. Y, además, quería consultarle si es cierto que el staff o la conducción del FMI estudia sanciones si esta situación no cambia.

-¿Qué le contesté el año pasado?

-Que iba a ser mi última chance para preguntarle sobre esto...

-Muy buen punto -mientras provocaba risas generales-. Por lo tanto, le voy a pedir a John Lipsky que responda?

Sentado al lado del descontracturado jefe francés del Fondo, el subdirector Lipsky intentó hacer una mueca que incluyera al menos una leve sonrisa. Y comenzó a desgranar su explicación, "en términos más formales", mientras Strauss-Kahn se relajaba por no tener que repetir en público su enojo con el Gobierno:

"Ser miembro del FMI implica obligaciones, y una es esta consulta [del artículo IV], pero es una obligación hacia el resto de los miembros, no al staff o a la conducción del FMI. Así que éste es un asunto que deberá ser tratado por los miembros del FMI en sus discusiones."

Fuentes oficiales ratificaron anoche a LA NACION que el Gobierno "no quiere aceptar un artículo IV". Sin embargo, como atajo, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dijo que tanto esa entidad como el Ministerio de Economía sí le mostrarán casi los mismos datos al G-20, a fines de octubre. (ver Pág. 2). Quien recaba la información de cada país en el G-20 es el FMI, por lo que la negativa retórica del Gobierno queda parcialmente relativizada.

Lipsky liquidó las especulaciones que daban cuenta de una posible sanción para la Argentina, pedida por el staff, porque el país no cumple con el requisito de la consulta del artículo IV. Se trata del intercambio de información entre el staff del FMI y cada país miembro, que el Gobierno se niega a hacer desde que comenzó a manipular las estadísticas oficiales, en 2007. También el Gobierno está en falta con el programa de revisión del sistema financiero del FMI (FSAP, según su siglas en inglés), como comentó Lipsky. Sin embargo, al mismo tiempo, Lipsky dejó en claro que, tal como trascendió, si algún miembro del directorio se queja porque la Argentina no cumple con sus obligaciones, pero goza de sus derechos, habrá una discusión sobre este tema que irrita tanto a los funcionarios de otros países cumplidores.

Ayer, blanqueó su postura ante la pregunta de LA NACION, con ciertos matices: "Estoy seguro? todos queremos? que la Argentina una vez más tenga su lugar entre el resto de los países, que normalice sus relaciones y haga sus consultas regulares con el FMI. Y obvio, como miembro del G-20, la Argentina ha aceptado implícitamente la obligación, aunque éste sea un término legal, de tener un FSAP cada cinco años. Deseamos que esto se mueva hacia adelante en una forma positiva".

En principio, fuentes argentinas informaron que el ministro de Economía, Amado Boudou, tiene previsto reunirse con Lipksy mañana. Boudou arribará hoy desde Alemania, donde acompañó a la presidenta Cristina Kirchner en las reuniones con el gobierno de Angela Merkel y con empresarios, en las que la cuestión del pago al Club de París fue un eje central.

El Gobierno ha venido hablando en varias ocasiones de tratar de evitar al FMI como agente supervisor del pago al Club de París, pero a la vez se niega a pagarles a los países a los que debe dinero desde 2001 con las reservas del Banco Central. Una "tercera vía", que implique pagar algunas cuotas y con la supervisión del G-20 o de otro organismo, es resistida por los países acreedores.

Fuentes de la delegación argentina relativizaron los cuestionamientos de sus pares del G-20 y afirmaron que la Argentina "puede mostrar resultados mejores que otros países en términos de recuperación económica". En realidad, nadie discute ahora las políticas adoptadas por el Gobierno, sino su negativa a cumplir con esta auditoría, mientras ejerce su derecho a gozar de los recursos del FMI. El año pasado, el Fondo le giró $ 10.000 millones por la ampliación de capital que benefició a todos los miembros, lo que le permitió al Gobierno maquillar el déficit fiscal.