Por Natalia Donato - La búsqueda de un frente empresario común en contra del proyecto de distribución de las ganancias de las compañías entre los trabajadores es el principal motor de la nueva edición del Coloquio de IDEA que ayer arrancó en Mar del Plata.

Referentes del agro, de la industria, de los servicios, banqueros y hasta representantes de grupos alimenticios y tecnológicos no hicieron más que criticar y rechazar la iniciativa que impulsa en el Congreso el diputado kirchnerista Héctor Recalde durante la primera jornada del tradicional evento empresarial.

Se espera que hoy se profundice la discusión sobre el tema y se busquen puntos de consenso, mas allá del rechazo mismo a la iniciativa, con el objetivo de encarar una avanzada empresarial común en el Parlamento. Allí se dará el debate final sobre un proyecto de ley que pretende distribuir el 10 % de las ganancias empresarias entre los trabajadores.

La postura que surja de las charlas que los hombres de negocios mantienen por estas horas será la que seguramente intentarán que se transmita la semana que viene al Congreso, más precisamente el martes 19 de octubre. Ese día habrá una reunión de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja a la cual fueron citados los miembros del llamado Grupo de los Seis (G-6), del que participan varias de las cámaras empresarias invitadas al Coloquio de IDEA como la UIA y la Sociedad Rural Argentina (SRA). El proyecto comenzará a debatirse en comisión en las próximas semanas, aunque su tratamiento en el recinto podría llegar recién en noviembre.

Mientras tanto, las consultas entre los empresarios se hacen más asiduas. Héctor Méndez, titular de la UIA, y Hugo Biolcati, presidente de la SRA; Cristiano Ratazzi, de Fiat; Luis Betnaza, de Techint; Enrique Pescarmona, Santiago Soldati, entre otros, buscan puntos en común para evitar el avance de la iniciativa de Recalde.

Además, dos de las mesas de debate planteadas por los organizadores del evento para hoy y mañana darán pie para que los ejecutivos evidencien públicamente la misma postura ante lo que consideran un ‘enemigo común’. Por la mañana será durante una mesa redonda de la cual participarán representantes de las principales cámaras empresariales como la UIA, la Copal y la SRA. En ese panel estarán Hugo Biolcatti, Cristiano Rattazazi y Daniel Funes de Rioja. Y durante la jornada del viernes el tema volverá a ser uno de los ejes principales de la sesión plenaria reservada a discutir la creación de valor y l distribución del ingreso en la Argentina.

Los hombres de negocios también tienen intenciones de conocer las posturas de los principales referentes de la oposición invitados al Coloquio con el vicepresidente Julio Cobos y el ex presidente Eduardo Duhalde a la cabeza. También estarán el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, el diputado Francisco de Narvaez, y el senador nacional por la UCR, Ernesto Sanz.

Es que si bien no se trata de un proyecto impulsado por el Ejecutivo, tiene el apoyo oficial. En varias oportunidades, integrantes del gabinete han salido a defender la iniciativa parlamentaria. Por caso, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, defendió la iniciativa sostiendo que no le sorprende “que haya grupos de empresarios que se resistan a esto, porque no es nuevo, lo han hecho toda la vida”.

Pero para los ejecutivos consultados por El Cronista, el proyecto de Recalde es confiscatorio, atenta contra la propiedad privada, ahuyenta inversiones, resiente la competitividad y abre un nuevo frente de disputa con el Gobierno a pesar del escenario de estabilidad económica y de bonanza que viven la mayoría de los balances de los grandes grupos empresariales en el país.

Por eso se sucedieron encuentros privados entre varios hombres fuertes del mundo de los negocios que intentan limar posibles asperezas y diferencias que hasta ahora venían impidiendo la conformación de una muralla común en contra de la iniciativa de Recalde. Y la confluencia de referentes de todos los sectores empresariales en el 46 Coloquio de IDEA que se desarrollará en los salones del Hotel Sheraton hasta mañana fue la excusa perfecta para hacer una especie de mea culpa y terminar con esas mezquindades, por lo menos para enfrentar todos juntos esta batalla. Y el proyecto Recalde le dio el impulso final a ese intento de unificar criterios frente a lo que consideran un enemigo común.

En este sentido, Hugo Biolcati reclamó un amplio debate sobre el proyecto Recalde y advirtió que se trata de una iniciativa que se presentó “en forma inconsulta” y que “avanza sobre el derecho de propiedad”. Las palabras del hombre del campo hacen referencia a uno de los artículos del proyecto que contempla la creación de un consejo tripartito, formado por el Estado, los empresarios y los sindicatos, que funcionará como autoridad de aplicación de la normativa.

“Que un sindicato opine qué es ganancia y qué no crea mucha inseguridad”, agregó el titular de la SRA, quien además aclaró que en el agro hoy “no hay rentabilidad; la ganadería deja pérdidas porque los precios actuales tienen que ver con la escasez y en el caso del maíz y el trigo, son negativos los números”, aseguró.

Del mismo modo, Cristiano Ratazzi, titular de Fiat y miembro de la UIA, cuestionó el proyecto al sostener que “se quiere distribuir la ganancia de manera forzada y mal”. El ejecutivo se mostró optimista en que “el proyecto no avance y se vuelva a respetar el derecho de propiedad privada que es lo que genera riqueza”.

Más cauto, José Urtubey, uno de los propietarios de Celulosa Argentina y hermano del gobernador de Salta, defendió al Congreso como foco de debate del tema, aunque advirtió que “no se puede alcanzar un sistema de cogestión de empresas”.

El empresario salteño también pidió una redefinición del rol del empresariado con el objetivo de lograr consensos básicos para estructurar cuáles deben ser las políticas de largo plazo. “Tenemos que marcar la agenda para defender a nuestros sectores y hoy no lo estamos haciendo”, dijo.

Por su parte el abogado Julián de Diego, reclamó un frente común de los empresarios para luchar contra lo que calificó de una propuesta “confiscatoria, que atenta contra la seguridad jurídica y que obliga a ceder algo a cambio de nada a un trabajador que presta un servicio”.