Por Silvia Pisani - WASHINGTON.- Los acreedores de la Argentina no se rinden. Y, en las últimas horas, lograron sembrar dudas en los argumentos con que el gobierno de Cristina Kirchner intenta resistir aquí el castigo comercial que buscan aplicarle por no honrar sus compromisos.

"¿Cómo pueden demostrar que su gobierno obra de buena fe?", se preguntó por escrito a los funcionarios argentinos que, extensamente, expusieron ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, según sus siglas en inglés), donde dos empresas acreedoras intentan que nuestro país pierda beneficios arancelarios por no menos de 40 millones de dólares al año.

"¿A qué se refieren cuando afirman que hay circunstancias «excepcionales» bajo las cuales es lícito no cumplir una sentencia judicial", fue otro de los bombazos que la delegación argentina recibió del tribunal comercial que debe evaluar el castigo solicitado.

Los nuevos requerimientos argumentales forman parte de la disputa que, contra nuestro país y ante la autoridad comercial de EE.UU., entablaron las empresas norteamericanas Azurix y Blue Ridge. Y, según se indicó a LA NACION, cobran dimensión a la luz de la serie de demandas que aún tiene la Argentina en tribunales norteamericanos.

Desde hace años, ambas empresas intentan que se les paguen sentencias en su favor que en su momento dictaminó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -el tribunal arbitral del Banco Mundial- por "incumplimiento" de contratos.

Y como eso no ocurre, buscaron presión ante la autoridad comercial, donde lo que piden es que nuestro país sea "expulsado" del Sistema General de Preferencias (SGP), un beneficio comercial que ahorra no menos de 40 millones de dólares anuales en aranceles a productores argentinos que colocan bienes en Estados Unidos.

Ambas empresas acumulan más de 400 millones de dólares por sentencias logradas ante el Ciadi y, luego, no pagadas por la Argentina, más los intereses del caso. El pasado 28, ambas partes tuvieron un duro cruce en esta ciudad, para lo que viajó desde Buenos Aires el director de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración General del Tesoro, Gabriel Bottini.

De acuerdo con la documentación formal del caso, el funcionario expuso la existencia de "circunstancias excepcionales" por las cuales el país podría no acatar sentencias, mientras que funcionarios de la embajada describieron el diferendo como una ofensiva de "los inescrupulosos" de Wall Street contra los "productores" argentinos.

Agotada la instancia, la autoridad comercial planteó, por escrito, una serie de dudas e interrogantes sobre los argumentos de ambas partes. La mayoría de ellos fueron para los expositores argentinos, aunque también les llegaron a las empresas demandantes. "Eso es bueno, porque significa que nos escuchan", interpretó uno de ellos.

Según la documentación aportada al proceso, a la que tuvo acceso LA NACION, tanto Blue Ridge como Azurix argumentaron que, pudiendo hacerlo, la Argentina "se resiste a honrar" fallos que el Ciadi emitió en 2007. En ellos, se condenó al Estado argentino a pagar US$ 165,2 millones -cifra que, con intereses, se elevaría a 210 millones- en el caso de Azurix. Y 133 millones de dólares más intereses para Blue Ridge.

"Es penoso que hayamos llegado a esta instancia. Hace más de dos años que las sentencias están firmes y no sólo el gobierno argentino se resiste a honrar el pago, sino que nos reprocha que lo exijamos", dijo James Garvey, de Blue Ridge, en rigor, un fondo administrado por el Bank of America.

Ambas denunciaron que el gobierno argentino había violado el tratado bilateral de protección de inversiones vigente al no cumplir con sus respectivos contratos. En el caso de Azurix, era del de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires, mientras que Blue Ridge es heredera del juicio que favoreció a la ex gasífera CMS. Ambos son casos pendientes de la cascada de juicios contra el Estado que, por incumplimiento de contrato, se desencadenó tras la crisis de 2001.

Desde entonces, según cifras oficiales, la Argentina logró desactivar el 68% de las demandas, y así evitó el desembolso de más de US$ 30.000 millones. Entre otros, se logró la suspensión de litigios con empresas como Camuzzi, Gas Natural, Enersis, Chilectra, Empresa Nacional de Electricidad y Elesur; EDF International (EDFI) y Electricidad Argentina SA; Unisys Corporation, Saur International, Compañía General de Electricidad y Bank Of Nova Scotia.

Pero quedan aún más de 20 procesos activos y pendientes de definición ante varios tribunales internacionales. Totalizan demandas por más de 16.000 millones de dólares.

• Azurix y Blue Ridge le pidieron a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos que sancionara a la Argentina por incumplimiento de sentencias del Ciadi.

• El Gobierno hizo el descargo y argumentó "circunstancias excepcionales" por las cuales la Argentina habría tenido derecho a no cumplir con la sentencia.

• El tribunal le exigió entonces a la Argentina pruebas sobre esas argumentaciones.

• Las empresas habían dicho que la Argentina se "resiste a honrar" fallos que el Ciadi emitió en 2007.

• Los reclamos ascienden a unos 400 millones de dólares que debería pagar el Estado argentino.

• La nueva exigencia de las empresas ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos es que la Argentina pierda beneficios arancelarios por unos 40 millones de dólares por año.