El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que está dando las últimas puntadas a un Plan Antievasión 3, que busca tapar los resquicios por los que las compañías pueden reducir las bases imponibles de los impuestos, y conseguir así mecanismos de elusión.

Aunque no dio detalles, el funcionario sostuvo que “se ha detectado que algunas compañías están reduciendo su base imponible, incluyendo en el balance como quebrantos conflictos con el fisco que se estiman como si ya se hubieran perdido”.

Como ese mecanismo fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, Echegaray dijo que “es necesario cambiar la ley”.

Un aspecto en el que se anuncian cambios es en los mecanismos de prueba de precios de transferencia para evaluar que no haya evasión en el pago del Impuesto a las Ganancias mediante triangulación a paraísos fiscales o en operaciones entre compañías relacionadas.

Pero el nuevo paquete antievasión, que promete ser grueso, también afectará a casi todos los impuestos y los mecanismos de control y fiscalización de la Ley de Procedimiento Tributario.

La última Ley Antievasión, que fue impulsada en 2005 en el Congreso por el ex titular de la AFIP Alberto Abad, creó entre otros mecanismos de control, la figura del agente fiscalizador que simula la compra de bienes y servicios para verificar ein el lugar que el establecimiento emita facturas, el que sólo puede actuar cuando haya denuncias o sospechas firmes de evasión en el comercio elegido para la visita del inspector.

Además, se instituyó el domicilio fiscal electrónico, el que puede ser declarado por el contribuyente, al tiempo que se le otorgó carácter vinculante para todo tipo de comunicaciones e intimaciones.

Hizo solidariamente responsable a los miembros de sociedades irregulares y de hecho respecto de las deudas fiscales de las empresas.

Exigió a los síndicos de concursos y quiebras mayor celeridad en la gestión de expedientes judiciales, obligándolos a compartir las costas judiciales por “incidente tardío”.

La AFIP estableció, asimismo, que el trámite de las garantías se realice preferentemente por Internet, no sólo para ganar tiempo sino también para minimizar riesgo de falsificación.

También creó un complejo mecanismo para coordinar con las fuerzas de seguridad la detección de maniobras con mercaderías robadas o de contrabando.

Y asignó rango legal a la figura de consulta vinculante a la AFIP por parte del contribuyente, con recurso de apelación ante Economía.