Por Nelson Fernández - MONTEVIDEO.- El gobierno uruguayo se apresta a flexibilizar el régimen de secreto bancario, aunque el levantamiento de esa reserva sobre los titulares de los depósitos quedará limitada a la presentación de información que fundamente el pedido por denuncia de evasión impositiva.

La reforma, que fue votada anteayer por el Senado y requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, alcanza a los ahorristas residentes en el extranjero, pero en todos los casos el levantamiento del secreto pasa por la justicia con instancias de tribunales de apelaciones.

Muchos ahorristas argentinos que tienen cuentas en bancos de la plaza uruguaya hicieron consultas con ejecutivos de cuentas a efectos de considerar el alcance de la medida. Fuentes bancarias dijeron a LA NACION que al inicio del proceso legislativo hubo mucha preocupación, pero que luego se vio más calma, debido a que el texto original se atenuó mucho por negociaciones políticas.

El proyecto de ley impulsado por el gobierno de José Mujica procura evitar condenas o sanciones internacionales como la de quedar en la lista negra o gris de la OCDE, la organización que agrupa a los países desarrollados, por falta de transparencia en la información tributaria. Tampoco quiere parecer un país que ampara a los evasores.

El texto comprende dos objetivos: uno, flexibilizar el régimen de secreto bancario que impide entregar información de cuentas de ahorristas y otro, ampliar el impuesto a la renta de personas físicas (IRPF) a los depósitos que los residentes en Uruguay tienen en bancos extranjeros.

El abogado Juan Manuel Albacete, especialista en asuntos jurídico-financieros, dijo a LA NACION que la preocupación por el impacto del proyecto está en la "lectura ligera" que se pueda realizar "en el exterior, cuando se escuche hablar de flexibilidad del secreto bancario y de impuestos a colocaciones en el extranjero", sin considerar su contenido.

Actualmente, el régimen de protección de reserva de información de los depositantes es muy fuerte. Para levantar el secreto bancario se precisa una orden judicial por denuncia de defraudación tributaria por la vía penal.

Pero la reforma amplía esas posibilidades de caída del secreto. La administración tributaria podrá solicitar la apertura de información a la justicia civil.

"El juez sólo hará lugar a la solicitud cuando la administración tributaria haya acreditado la existencia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión por parte del sujeto pasivo y siempre que la información solicitada resulte necesaria para la correcta determinación de adeudos tributarios o la tipificación de infracciones", aclara el texto que fue acordado por el oficialista Frente Amplio con una sector del opositor Partido Nacional.

En caso de que el juez falle por la apertura del secreto, el depositante podrá recurrir y el caso pasará a un tribunal de apelaciones.

Para el caso de depositantes extranjeros (la mayoría de los no residentes de la plaza local son argentinos), el levantamiento del secreto deberá ser planteado por la autoridad impositiva del país en cuestión y también derivado a la justicia uruguaya. En ese caso, para que el juez acceda a la apertura de información, el pedido deberá traer todos los antecedentes y también "los fundamentos que justifiquen la relevancia de la información solicitada". En todos los casos, la información que se proporcionará será sobre operaciones posteriores al 1º de enero de 2011.

Pero, además, para casos del exterior, la caída del secreto sólo podrá darse en situaciones en las que haya "convenios internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición".

Uruguay tiene un convenio con México, dos a la espera de aval parlamentario con España y Portugal, y otros iniciados con India, Liechtenstein, Malta, Corea del Sur, Bélgica y Finlandia. Hay otro convenio similar con Francia.

La gran polémica en la plaza bancaria es si Uruguay va a firmar un acuerdo de ese tipo con la Argentina. Según las autoridades, no está previsto, pero también se admite que, si la Argentina lo plantea, no será fácil negarse.

Aún con tratado, lo que se demoraría por negociación y luego por trámite parlamentario, la decisión de abrir el secreto siempre recae en un juez y en un tribunal de segunda instancia.