Tierra del Fuego - El oficialismo buscará hacer valer su mayoría legislativa el próximo 18 de noviembre en la sesión que se realizará en Río Grande para ratificar el convenio para la venta de gas de regalías, suscripto entre el Gobierno de Fabiana Ríos y una empresa de capitales chinos que fabricará urea granulada.

La iniciativa es fuertemente cuestionada por diferentes sectores políticos, que impulsan la convocatoria a una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía respecto de este nuevo proceso de industrialización.

Entre quienes rechazan el acuerdo están las diputadas nacionales Liliana «Chispita» Fadul (Partido Popular Fueguino) y Rosana Bertone, y el legislador Damián Löffler (Movimiento Popular Fueguino).

Sostienen que el Gobierno provincial realizó una contratación directa con una empresa de capitales chinos, que la Corte de Justicia de la provincia rechazó y obligó al Gobierno a llamar a una licitación a la que sólo se presentó la compañía china porque -dice la oposición- fue tan rápida y solapada que no dio tiempo a otros oferentes.

Además, los legisladores nacionales y provinciales también objetan la venta de gas de regalías porque consideran que la provincia no tiene reservas suficientes como para proveer a la empresa china sin afectar el horizonte energético.

El Gobierno provincial decidió realizar una contratación directa con esta empresa china (radicada en la provincia de Shaanxi), cuyo director y apoderado en la Argentina es Fernando Lin.

La Legislatura aprobó el acuerdo (Ley 774), que luego rechazó la Corte y obligó al Gobierno provincial a realizar un llamado a licitación. El fallo que declaró la inconstitucionalidad de esa norma decía que la ley se contraponía con el artículo 105 que prohíbe al Poder Legislativo «la sanción de leyes que impliquen directa o indirectamente el establecimiento de privilegios» y que se contrapone con el derecho constitucional de «igualdad ante la ley»; además, que incumplía el principio de publicidad de actos de gobierno (artículo 8) y que violaba el artículo 74, que dispone que las contrataciones del Estado provincial deben realizarse «mediante un procedimiento de selección, y una previa, amplia y documentada difusión».

A la licitación sólo se presentó una empresa: Tierra del Fuego Energía y Química SA, de capitales chinos.