Por Martín Kanenguiser - El Club de París le reclamó al Gobierno que pague la deuda de unos US$ 7000 millones que permanece en default desde hace casi nueve años y que les impide a las empresas en la Argentina acceder a crédito barato para ampliar sus inversiones de largo plazo.

A través de una carta reservada, el organismo que reúne a los países acreedores indicó que espera el pronto inicio de una negociación y una oferta en términos formales, más allá de los trascendidos periodísticos.

Según pudo saber ayer LA NACION de calificadas fuentes de dos importantes miembros del Club de París, el contenido de la carta ya llegó a oídos de funcionarios del Gobierno. Es la tercera advertencia seguida que recibe, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió que cumpliera con su obligación de abrir las cuentas públicas y que el GAFI expresara que puede sancionar al país por incumplir normas contra el lavado de dinero. LA NACION no logró respuesta de Economía ante consultas sobre el tema.

Con términos contundentes pero sin perder el espíritu diplomático, la carta del Club reitera un mensaje que ya expresó en el pasado: la Argentina debe pagar si quiere volver a tener acceso al crédito de largo plazo.

Ante la llegada de este mensaje escrito -que circuló previamente entre los principales acreedores-, el ministro Amado Boudou y la Cancillería dejaron trascender días atrás que la Argentina ya negocia con el Club de París un acuerdo sin el FMI.

Pero los acreedores ya respondieron que la única posibilidad para aceptar esta excepción es que el Gobierno pague en efectivo -tal como lo dispuso la presidenta Cristina Kirchner en 2008 con reservas del Banco Central, que luego quedó desactivado- o en el "corto plazo".

Este último término no tiene una acepción definida en las reglas del Club, aunque se considera que debería saldarse entre 12 y 18 meses. El gobierno de Estados Unidos podría aceptar un plazo de hasta dos años sin que el FMI sea el auditor, pero ya aclaró que el resto de los acreedores deben bendecir la misma fórmula.

El Club de París responde a una lógica diferente que el FMI o el Banco Mundial, ya que cada país que lo integra tiene el mismo peso y todos deben estar de acuerdo con la propuesta de los países deudores.

Pese a que el Gobierno también dejó trascender que quiere que el G-20 sea el auditor del país en lugar del Fondo, una de las fuentes diplomáticas aclaró ayer que "eso no sería posible porque no todos los países del Club están en el G-20".

"No se puede dejar fuera de la decisión a nadie, ni siquiera a los países que no son acreedores de la Argentina, como los escandinavos, porque eso sentaría un mal precedente", expresó el diplomático.

De inmediato, la fuente elogió la situación local, con un final agridulce: "La Argentina enfrenta una muy buena situación externa por la soja, por Brasil y por China. Por lo tanto, ya puede pagar sus deudas".

Según estadísticas del Club de 2007, Alemania tenía acreencias por US$ 2100 millones; Japón, por 1415 millones; España, por 630 millones; Italia, 515 millones; los Países Bajos, 460 millones; Estados Unidos, 360 millones, y Francia, 270 millones.

A esa suma hay que agregarle los intereses punitorios de estos últimos años. Para determinar las cifras exactas, los acreedores esperan que finalmente, más allá de los trascendidos, el Gobierno lance una propuesta formal. "Cada vez que hablamos con el Gobierno nos mencionan un plazo de pago diferente", agregó la fuente.

Esta indefinición ya provocó consecuencias negativas en la asamblea del FMI; cuando se discutía el comunicado que instó al Gobierno a no demorar más la apertura de sus cuentas, Estados Unidos no hizo mucho para suavizarlo. "No pueden pedirle ayuda a Estados Unidos mientras le deban dinero", dijo un calificado analista.

Las fuentes ratificaron que, hasta que no termine de pagar, el Gobierno no podría recibir garantías de las agencias de crédito de los países acreedores, lo que implica que recién el próximo presidente gozará del beneficio de un eventual acuerdo con el Club de París.