Por Silvia Pisani - WASHINGTON.- Aun sin haberse llevado a la práctica, el hecho de haber pedido asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo ya dos efectos para el Gobierno en lo que concierne a la vida puertas adentro del organismo crediticio.

Por lo pronto, instaló un "ambiente más positivo" hacia el país, uno "como hacía tiempo no se respiraba", dijeron en el organismo. Y en el terreno de las efectividades detuvo, al menos hasta ahora, un mecanismo que, de haber avanzado, podría haber desencadenado sanciones contra el país por su resistencia a dejar que le revisen las cifras de su economía.

"Hace una semana sí se hablaba de la posibilidad de llamar la atención a la Argentina. Hoy [por ayer] nadie habla de eso. Y eso es un cambio enorme y muy positivo", dijo a La Nacion una fuente inobjetable en la estructura de la entidad.

El cambio se percibe aun cuando todavía no trascendieron en el organismo las características de la inminente misión técnica que viajará a Buenos Aires. Y que aquí se insiste en definir como "muy específica y acotada" a la tarea que se le encomendó en cuanto a la revisión de las cifras de la inflación. "Nadie piensa aquí que eso sea un artículo IV disfrazado", se indicó a La Nacion. La expresión se refirió así a la revisión bianual de cifras económicas a la que, por norma, están obligados los países que, como el nuestro, son miembros activos de la entidad.

Nadie, tampoco, desecha aquí que esa revisión -a la que el gobierno kirchnerista se viene resistiendo desde 2007- se encuentre ahora un poco más cerca. Pero, por lo pronto, lo que hay es una misión referida y acotada a la medición del costo de vida.

La asistencia técnica para la elaboración de un índice de precios nacional es un tema que ya había sido tratado en la asamblea de primavera del Fondo, en abril de este año.

En lo inmediato, el reconocimiento de que algo no va bien con las mediciones oficiales sirvió para descomprimir la presión sobre la Argentina. Y para poner freno a un crítico documento interno que, de haber llegado a circular y considerarse en el directorio de la entidad, hubiera activado un mecanismo que podría haber desembocado en sanciones contra el país.

"Es un documento elaborado sobre la base de los términos del artículo VIII, que puede desembocar en sanciones. Pero que hasta que no se evalúa en el directorio del Fondo no se considera como tal. Es casi un no documento", se explicó.

En todo caso, fue el giro dado por las autoridades -con la misión supuestamente secreta que se encomendó a los ministros Héctor Timerman y Amado Boudou- lo que evitó que la cosa llegara a mayores.

¿Con qué intención se puso ese freno? La explicación recogida por La Nacion apeló a un criterio de conveniencia y de oportunidad, explicitado con una sentencia según la cual "nadie sabe en qué momento el país va a necesitar al Fondo. Y si se sospecha que ese momento podría estar más cerca que lejos, es mejor estar en buenos términos".

Aquí no son pocos los que afirman que aun para negociar un plan de pagos con el Club de París o para coquetear con la idea de volver al mercado de deuda es mejor estar en buenos términos con el organismo crediticio. Además de no cumplir con lo dispuesto en el artículo IV, otro hecho conflictivo en la relación tiene que ver justamente con las cifras del Indec, ya que en los últimos informes del organismo se incluyeron notas que hacían alusión a que economistas del ámbito privado realizan sus propias mediciones de inflación.

Ya sea por casualidad, por conveniencia o por fidelidad a un estilo riguroso, fueron dos países europeos los que, en el directorio de la entidad, estuvieron a la cabeza de los que pidieron aplicar rigor con la Argentina.

Entre ellos, uno que fue clave en la negociación que abrió la puerta a la posibilidad de que el Gobierno negociara la deuda del Club de París sin el aval del FMI. "Lo que no se pide por un lado se pide por el otro", se conjeturó.

Varios países de América latina -entre ellos Colombia y Brasil- actuaron de colchón para el reclamo. También algunos del continente asiático.

• En falta : desde hace cuatro años, el Gobierno -primero el de Néstor y luego el de Cristina Kirchner- se niega a recibir una misión del Fondo Monetario Internacional para hacer la revisión anual de sus indicadores económicos, a la que están obligados todos los países socios.

• Posibles sanciones: en los últimos tiempos se había comenzado a hablar de la posibilidad de abrir un mecanismo que llevaría a la aplicación de sanciones contra la Argentina.

• Mejor clima : el anuncio de que el FMI dará su colaboración técnica para la elaboración de un nuevo índice de precios del Indec mejoró la percepción que tienen los funcionarios del organismo sobre el país.

• Revisión más cerca: si bien los funcionarios del Fondo no creen que el acuerdo implique el cumplimiento "disfrazado" del artículo IV, tampoco desechan la idea de que ese trámite esté ahora más cerca.