Por Silvia Stang - La votación en el Senado del proyecto de ley regulatoria de la medicina prepaga fue recibida, tal como se preveía, con una sensación de malestar por los directivos del sistema privado de salud, principalmente por una razón: no hubo variaciones -tal como ellos pretendían- en el artículo que busca impedir que se rechace la afiliación de personas con enfermedades contraídas previamente o que tengan determinada edad.

La iniciativa fue votada anteanoche con algunas modificaciones, por lo que aún no quedó convertida en ley. Por el contrario, el texto deberá volver a ser tratado en la Cámara de Diputados, donde había sido aprobado en 2008, y eso ocurriría en 2011, salvo que el Gobierno disponga el llamado a sesiones extraordinarias y decida incluirlo en el temario.

Las diferencias entre el texto que llegó al Senado y el que fue aprobado anteanoche son tres. Por un lado, se excluye del alcance de la ley a las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. También -dependiendo de cómo quede la redacción final- se dejaría al margen de la regulación a las obras sociales sindicales (no a las de personal de dirección) por los afiliados que se adhieran en forma voluntaria, es decir, los que financian totalmente su cuota con fondos de su bolsillo y no con aportes salariales (en la versión original estaban incluidas).

Otra modificación acordada es la eliminación del artículo que preveía obligar a las entidades a constituir una reserva técnica equivalente a la facturación mensual promedio. En el proyecto de Diputados se establecía que la mitad de esos recursos debían estar invertidos en herramientas financieras, como bonos públicos. En línea con la eliminación de este artículo sobre reservas, también se modificó un monto previsto de multas que estaba atado a esa variable.

Si bien este último cambio sobre las reservas está alineado con lo que pretendían las empresas, no fueron modificados otros artículos que generan preocupación en el sector, según declaraciones que en los últimos días hicieron, por ejemplo, el presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, y de Galeno, Julio Fraomeni.

Principalmente, rechazan que se busque establecer la prohibición de negar la afiliación a personas que tengan enfermedades preexistentes o superen determinada edad.

Según el proyecto, en esos casos la autoridad de aplicación (que sería el Ministerio de Salud) autorizaría valores de cuota "diferenciales debidamente justificados".

Las prepagas aducen que hay casos en que no hay cuota suficiente que se pueda cobrar, dado el elevado costo de los tratamientos, y afirman que así se restarían recursos para todos los afiliados al sistema.

En rigor, la "salida" en la que ya piensa más de un directivo es en cerrar la venta de planes de salud para nuevos afiliados.

A diferencia de lo que ocurre en el sistema de la seguridad social (obras sociales), en la medicina privada no existe un sistema de seguro para dar cobertura a las enfermedades con tratamientos de alto costo.

En cuanto a las prestaciones que están obligadas a cubrir las prepagas, la ley ratifica una disposición ya vigente: deben otorgar el Plan Médico Obligatorio (PMO), que también rige para las obras sociales.

Todas las empresas deberán dar la cobertura total, salvo estas excepciones: las que den solamente atención odontológica, las que brinden servicios de emergencias y las que estén ubicadas en una única localidad del país y tengan un padrón de menos de 5000 usuarios.

La iniciativa dispone que en todo lo incluido en el PMO no podrá haber períodos de carencia o de espera.

Respecto de las cuotas, el proyecto establece que la autoridad de aplicación dará vía libre a los aumentos si están fundados "en variaciones de la estructura de costos y en razonable cálculo actuarial de riesgos". Actualmente no existe regulación respecto de los incrementos de precios, salvo la obligación de comunicarlos a los afiliados con al menos un mes de anticipación.

Un artículo del proyecto también establece que a las personas de más de 65 años que tengan una antigüedad de más de 10 años como afiliados al sistema privado de salud no se les podrán aplicar aumentos por cuestiones de edad. Y en relación con el caso de los pacientes que no tengan esos años como afiliados, se dispone que el Ministerio de Salud deberá definir "los porcentajes de aumentos de costos según riesgos para los distintos rasgos etarios".

• Alcance: la regulación regiría para las empresas, pero no para las mutuales, cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones.

• Sin rechazo: la enfermedad o la edad de una persona no podrían ser motivo de rechazo a su pedido de afiliación.

• Cuotas: la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, tendría la atribución de dar vía libre o no a los aumentos.