Por Martín Kanenguiser - El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian el alcance de la misión de asesoramiento para el nuevo índice de precios, ya que el organismo pretendería reunirse con representantes académicos y otras personalidades críticas de la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aunque los funcionarios nacionales se sienten irascibles por los alcances de esta lista, al menos respiran tranquilos porque el FMI prometió no meterse con la manipulación de las estadísticas, registrada desde 2007 hasta ahora.

La consigna de los técnicos del cuestionado organismo multilateral es "mirar hacia adelante", según pudo saber La Nacion.

Pero más allá de las conclusiones a las que arriben, los técnicos del FMI quieren recabar información por fuera del edificio del Indec para cumplir con el acuerdo al que llegaron con el Gobierno, destinado a mejorar la imagen de las estadísticas oficiales sospechosas desde 2007.

Por ello, la semana próxima llegarán los técnicos de los departamentos del Hemisferio Occidental y de Estadística del FMI a Buenos Aires.

Su intención es permanecer un par de semanas en esta ciudad, hasta el receso por las fiestas de fin de año, y luego evaluarán si es necesario que regresen. La mayoría de las misiones destinadas a evaluar la calidad de los índices de precios realizadas en otros países culminan en pocos días, pero, en este caso, se trata de elaborar un nuevo IPC nacional, lo que podría demandar varios meses.

En todo caso, si lo acepta el Gobierno, que pidió el asesoramiento del FMI, los técnicos extranjeros tratarían de reunirse con parte del consejo académico integrado por cinco universidades nacionales que la semana pasada entregaron un crítico informe sobre el Indec.

La UBA, que elaboró los principales ejes del informe, indicó que "hay un estado de escepticismo generalizado respecto de la validez de las estadísticas que genera el Indec y en particular sobre el IPC" y pidió "urgentes reformas" para que el Indec recupere su prestigio. La UBA difundió su investigación propia luego de que el ministro de Economía, Amado Boudou, les pidiera a las universidades nacionales que lo mantuvieran en secreto.

La posibilidad de entrevistar a los académicos no necesariamente se concretará en esta misión de diciembre, sino antes de que el FMI clausure su tarea técnica.

Esto se debe a que, más allá del viaje a la Argentina, luego habrá un seguimiento desde Washington para su eventual análisis en el directorio que conduce el funcionario francés Dominique Strauss-Kahn.

Dos semanas atrás, los representantes de Holanda y Bélgica pidieron, en nombre de otros países, la posibilidad de sancionar al Gobierno porque no cumple con el artículo octavo de los estatutos del Fondo, que obliga a los miembros a brindar a los demás información "de calidad" sobre variables económicas en general y de los índice de precios en particular. Se trató de una vuelta de tuerca luego de que se estancaran los retos en el directorio del organismo porque la Argentina tampoco cumple con el artículo IV -que va en el mismo sentido-, desde que comenzó a manipular los índices de precios hace casi cuatro años.

Mientras que no existen antecedentes de países penalizados por la cuestión del artículo IV, por eludir el artículo octavo hubo dos casos que provocaron sendos llamados de atención (Singapur y Grecia), que luego quedaron en la nada.

De los dos precedentes, el más escandaloso fue el de Grecia, que antes del estallido de la crisis global mintió sobre el volumen real de su deuda pública y de su déficit fiscal.

En cambio, los técnicos del FMI no incluyeron en su pedido de entrevistas a los diputados de la oposición que impulsaron la reforma del Indec, que recibió la semana pasada media sanción en la Cámara baja.

Según aclararon las fuentes, se trata de mantener un perfil técnico y evitar el roce político, que podría recrear las escenas de las misiones previas por el artículo IV en el país, que el Gobierno quiere evitar a toda costa.

La última revisión técnica por este artículo se hizo en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en la gestión de la ministra Felisa Miceli. Mientras intentaban convencer a los técnicos extranjeros de que suavizaran las conclusiones de su informe, los funcionarios argentinos los llevaron a comer a restaurantes exclusivos, como el del Jockey Club.

El anfitrión oficial fue Alfredo Mc Laughlin, por entonces secretario de Finanzas y ahora representante argentino ante el FMI.