Por IGNACIO OLIVERA DOLL - La presión de la OCDE para que Uruguay abandone de una buena vez su imagen de paraíso fiscal en el mundo ya tuvo su primer efecto concreto: mañana, el plenario de la Cámara de Representantes de este país convertirá definitivamente en ley el levantamiento del secreto bancario que protege desde 1982 y hasta hoy a los depósitos de su sistema financiero, tal cual fue aprobado hace sólo un mes en el Senado.

La medida empezará a hacerse efectiva a partir del 1 de enero próximo sobre todos los bancos uruguayos. Pero no afectará aún a los ahorros argentinos porque alcanzará sólo a aquellos que pertenecen a ciudadanos de los 12 países con los que Uruguay tiene firmado un convenio bilateral de cooperación contra el lavado de dinero.

“En la Cámara de Representantes se va a mantener la correlación de fuerzas que vimos en el Senado, incluso con algún voto más”, comentó a El Cronista el diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Hacienda, Alfredo Asti. “No hemos aplicado ningún cambio dado que ya comienza el receso y el hecho de que volviera al Senado hacía peligrar la posibilidad de que empezara a regir el 1 de enero próximo”, agregó.

La norma supone que cada vez que exista algún indicio de “evasión” al fisco, la DGI (uruguaya) podrá pedir, sólo por la vía judicial, el levantamiento del secreto bancario. Y esto “siempre que la información sea necesaria para la determinación de adeudos tributarios o sobre la tipificación de infracciones”.

Sin embargo, los legisladores reconocen que, tal cual como está hoy, el texto podría contener algunos “vacíos” o “ambigüedades” que lo harían de difícil implementación. El Colegio de Abogados de ese país ya advirtió que el concepto de “evasión” que incluye el proyecto, por ejemplo, podría volver inaplicable la ley dado que esa figura no existe desde el punto de vista jurídico. Algunos diputados habían sugerido el reemplazo de ese término por el de “defraudación tributaria”, pero el intento quedó en la nada: “Tanto nosotros como los blancos, acordamos que era mejor no modificar esto porque hacerlo no nos daba la seguridad de que el proyecto de ley se aprobara antes de fin de año”, agregó Asti. El proyecto ya recibió media sanción en la cámara de Senadores, pero debería regresar allí en caso de que los diputados decidieran sobre él alguna modificación.

El bloque de diputados del partido que responde al mandatario Pepe Mujica se había comprometido también, el último miércoles, a realizar consultas con senadores y el Poder Ejecutivo por otra cuestión: el hecho de que la ley, que hoy sólo rige para las firmas de intermediación financiera (los bancos), extienda su alcance de modo que abarque los ahorros de los agentes de bolsa. La promesa quedó pendiente, bajo el mismo argumento, para otra oportunidad.

A esta altura se descuenta que la sanción del proyecto no generará ningún tipo de amenaza para la estabilidad de los ahorros argentinos en el sistema uruguayo. Y esto, por una razón: la DGI sólo podrá elevar pedidos de “levantamiento del secreto” a la Justicia en los depósitos de ahorristas que pertenezcan a la lista de países con los que Uruguay tiene firmado un convenio de cooperación. Entre ellos, curiosamente, no está –ni estará por ahora– la Argentina.

“No hubo ningún acuerdo, ni hay ninguno previsto. Uruguay no tiene ningún tipo de interés de firmarlo, y por ahora no hay ningún país que lo haya pedido a nivel de relación bilateral”, contó un legislador.

Los depósitos de no residentes en Uruguay crecieron en octubre pasado al mayor ritmo mensual registrado desde junio de 2009 (u$s 56 millones).

El proyecto contará mañana en Diputados con el respaldo del Frente Amplio y los “blancos” de Alianza Nacional.