Con este fallo, más de un millón de usuarios de Fibertel suman un nuevo respaldo judicial a la legalidad de su servicio de Internet. En los últimos meses, varios juzgados habían fallado a favor de los clientes de la empresa y avalado su derecho de continuar recibiendo el servicio “en las mismas condiciones y modalidades” en que lo venían haciendo. Se calcula que existen más de 40 demandas iniciadas en todo el país.

En este caso, el juzgado federal N° 1 de Córdoba ordenó, en un pronunciamiento cautelar, “la medida de no innovar respecto de la actual situación de hecho y de derecho (…) del servicio que actualmente se presta y comercializa a todos los usuarios bajo las marcas ‘Fibertel’ y ‘Cablevisión’”.

En su resolución, el juez Ricardo Bustos Fierro dispuso “la suspensión de la aplicación y ejecución de la Resolución N° 100/10” y ordenó al Estado “ abstenerse de afectar , por sí y/o a través de cualquiera de sus organismos y dependencias, la efectiva explotación” de la licencia de Internet de Cablevisión.

Según establece la propia medida, el alcance de la misma es nacional ya que el servicio que brinda Fibertel también lo es, del mismo modo que su estructura de redes está integrada en gran parte del territorio.

El 19 de agosto, en conferencia de prensa, el ministro Julio de Vido anunció que el gobierno había dispuesto caducar la licencia de Internet de Cablevisión, pese a que la empresa nunca había sido notificada de ninguna irregularidad ni había podido ejercer su derecho de defensa. En ese momento, De Vido anunció que los clientes de Fibertel tendrían 90 días para cambiar de proveedor, lo que asociaciones de consumidores interpretaron como una disposición para beneficiar a las telefónicas, que concentran más del 60% del mercado de banda ancha.

Luego de eso, la SECOM difundió listas de proveedores alternativos que se demostró que en muchos casos no existían . Las medidas judiciales que protegían el derecho de los clientes a mantener su servicio no tardaron en aparecer, y de hecho el plazo de 90 días fue suspendido por un fallo del juez platense Elvio Segarra, que fue el primero que dictaminó contra la Resolución 100. En el caso de la justicia federal cordobesa, la medida cautelar sostiene que en el caso Fibertel “surge con verosimilitud suficiente el riesgo de afectación de derechos constitucionales” .