Luego de concretar la última ampliación presupuestaria del año, que blanqueó un nuevo aumento del gasto por $ 10.128 millones, el Gobierno no se hizo esperar para dar a conocer un nuevo megadecreto: la primera parte del tan esperado ajuste del proyecto de Presupuesto 2010, que regirá por defecto el año próximo ante la falta de aprobación de la ley de recursos y gastos 2011 en el Congreso.

Con el decreto, de necesidad y urgencia, el Gobierno ratificó la decisión de utilizar reservas hasta u$s 7.500 millones del Banco Central (BCRA) para pagar deuda; de endeudarse por hasta $ 24.000 millones y u$s 7.599 millones y de mantener el plan de obras públicas prioritarias iniciado este año. Fuentes de la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) explicaron que a partir del DNU 2054, se aprueban las disposiciones complementarias a la prórroga del Presupuesto 2010, pero que “falta un decreto simple –que se estima saldrá en los primeros días de enero– que distribuya las partidas y que recalcule los recursos y los gastos previstos”. Deben eliminarse, por ejemplo, las erogaciones ya realizadas, como también los pagos de la deuda.

Será la primera vez en casi 10 años que la administración pública deberá funcionar con el presupuesto del año anterior ajustado ante la falta de aprobación parlamentaria.

La nueva composición política del Congreso ya anticipaba, a mediados de año, dificultades para avanzar en un ágil tratamiento del proyecto. Durante los últimos años, en los que el oficialismo era mayoría en el Parlamento, la iniciativa fue siempre aprobada en tiempo y forma sin inconvenientes.

Pero el escenario político cambió. El Gobierno culpa a la oposición de impedir el tratamiento del proyecto, mientras que desde el arco anti-K aseguran que la gestión de Cristina Fernández buscaba la prórroga del Presupuesto 2010 para tener un manejo más discrecional de las partidas (ver pág 3).

Por otra parte, la catarata de ampliaciones presupuestarias publicadas en los últimos 2 meses buscó ampliar el crédito vigente para que la base de autorizaciones de gastos en 2011 sea mayor. A los $ 270.000 millones previstos en el presupuesto original, se le sumaron $ 65.000 millones que fueron asignados a partir de recursos excedentes.

Punto por punto

Entre las principales disposiciones incluidas en el decreto, se destacan:

n La realización de operaciones de crédito público por hasta $ 24.000 millones y u$s 7.599 millones para cubrir las necesidades financieras del ejercicio. Del monto en pesos, $ 14.000 millones serían en emisiones de títulos a corto plazo; $ 6.000 millones en colocación de Letras del Tesoro y $ 3.700 millones en bonos de consolidación y previsionales. Con respecto a la emisión de deuda en dólares, es el monto máximo autorizado para obtener financiamiento destinado al financiamiento de inversiones prioritarias.

n El Plan de Obras Prioritarias, que llevará adelante el Ministerio de Planificación, incluye nueve proyectos, tales como la construcción de la Central Atómica Atucha III; los gasoductos del noroeste argentino y Juana Azurduy y la Torre de Comunicaciones del Bicentenario.

n En uno de los artículos del DNU, se faculta al Poder Ejecutivo para contratar endeudamientos a contraerse en varios ejercicios fiscales a partir de 2010, a efectos de financiar proyectos de inversión de mediano plazo.

n La norma autoriza al Ejecutivo a formalizar operaciones de crédito público con el BNDES por hasta u$s 2.500 millones.

n La capitalización del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con un aporte en efectivo de $ 100 millones.

n La prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente hasta el 31 de diciembre de 2011.

n Quedan liberadas las provincias y la Nación para todo el 2011 de las reglas fiscales establecidas en la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal, “en atención a los efectos de la crisis financiera global iniciada a fin de 2008 y con fuerte impacto en 2009”.

n El último artículo establece que se distribuirán los recursos acumulados en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el Gobierno se comprometió a devolver a las provincias en el marco del programa de refinanciación de sus deudas.