Por JUAN CERRUTI - La subestimación de la inflación volvió a ser uno de los negocios más rentables para el Gobierno durante 2010. Sólo por la diferencia entre el aumento de los precios que estimaron los privados para el año pasado (de entre 22% y 25%) y el alza del costo de vida de 2010 que divulgará la semana próxima el Indec (en torno al 11%), la administración de Cristina Fernández se hará de un ahorro superior a los u$s 5.200 millones. La cifra equivale al 85% de la deuda en default con el Club de París que el Gobierno se apresta a negociar y al 75% del superávit fiscal (financiero) que logró la gestión K en los primeros 10 meses de 2010.
Según los datos oficiales del Ministerio de Economía, hasta mediados del año pasado el 24% del total de la deuda argentina (que suma u$s 156.691 millones) está indexada por la inflación oficial. Más precisamente por el denominado Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que replica el movimiento del cuestionado Indice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora del Indec. Se trata de u$s 37.605 millones atados a la evolución del costo de vida.
Si el Indec hubiera sincerado la inflación, esta deuda tendría que haber crecido en u$s 9.401 millones. Pero lo hizo sólo en u$s 4.137 millones. La diferencia, u$s 5.264 millones, es el polémico ahorro logrado por el Gobierno.
En rigor, no se trata de un ahorro inmediato sino de un flujo de desembolsos futuros, por los vencimientos de deuda en los próximos años, que ahora crece a un menor ritmo que el previsto.
Por cada punto de inflación, la deuda indexada del Gobierno aumenta en u$s 370 millones. En los últimos años desde el Ministerio de Economía realizaron varios canjes y operaciones para reducir el peso de los bonos atados a la inflación en el total de la deuda. Así, estos títulos pasaron de representar el 47% en 2007 al 24% actual.
Pero al mismo tiempo, se amplió significativamente la brecha entre las estimaciones oficiales y privadas de la inflación. Por lo cual este heterodoxo mecanismo indirecto de ahorro continuó siendo un jugada importante para las arcas del Gobierno.
El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue el principal impulsor de la pesificación e indexación de la deuda. Tras el primer canje de los títulos en default, concretado en marzo de 2005, los bonos en pesos atados a la inflación pasaron de representar 3% al 47% de los pasivos del Estado.
La medida se tomó para no repetir el proceso que culminó en el default de 2002, cuando la dolarización de la deuda puso en jaque a las finanzas públicas vía el descalce cambiario. Lo que el economista de Harvard, Ricardo Haussman bautizó como el pecado original de la Argentina.
A diferencia de lo que ocurrió en los noventa, en la actualidad el Estado recauda en la misma moneda en que tiene nominados buena parte de sus pasivos. Sumando los bonos en pesos y los indexados (también en pesos) representan 42% del total de la deuda. Lo paradójico es que una medida sana desde el punto de vista macroeconómico, como fue la pesificación, terminó complicada por otro mal del pasado, la inflación.
Precisamente por eso es que como se comentó anteriormente el Gobierno parece en los últimos años volver sobre sus pasos y tras pesificar buena parte de la deuda en dólares en 2005, ahora intenta bajar su exposición a pasivos en moneda nacional y nuevamente incrementar las obligaciones emitidas en divisas, principalmente el dólar. Además, los títulos nominados en la moneda extranjera tiene una ventaja adicional: son más fáciles de colocar entre inversores del exterior.