La tensión entre el sector agropecuario y el Gobierno rebrotó en las últimas horas con una fuerza que no se veía desde el conflicto que los enfrentó en 2008 por las retenciones móviles.
Las filosas palabras del martes de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien les reprochó a los ruralistas no cuestionar las condiciones indignas de trabajo en el campo y que sigan amenazando con paros cuando continúan comprando lujosas camionetas, hacían prever que la ronda de diálogo entre la mesa de enlace y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, no tendrían otro desenlace que la confrontación que ayer se confirmó.
Un verdadero diálogo de sordos en el que una parte, el Estado, postula a rajatabla una política intervencionista, con el argumento de la defensa de la mesa de los argentinos, cuando sus propios números indican que la cosecha triguera permite cubrir el abastecimiento interno con holgura y posibilita la venta externa de más de 7 millones de toneladas del cereal.
Mientras, la otra parte, la mesa de enlace se presenta inflexible en sus demandas por un giro de 180 grados en la política agropecuaria del kirchnerismo, aún sabiendo que es imposible que el oficialismo conceda todo lo que buscan.
Eso en medio de una interna feroz entre las entidades, que parte de visiones diferentes acerca de lo que debe ser un modelo de país y, sobre esa base, en las distintas posturas sobre la intervención del Estado en materia económica.
La Federación Agraria (FAA) de Eduardo Buzzi sigue siendo la defensora del intervencionismo “virtuoso” del Estado en el circuito granario. Y si bien rechaza en muchos aspectos la política oficial, ve como signos positivos algunos gestos oficiales que apuntan, aunque sea en lo discursivo, a proteger al pequeño productor, justamente los hombres de campo de esa entidad. Los créditos a tasa cero para trigueros, denostados por las otras entidades, fueron leídos como un hecho no menor e inédito por parte de los federados.
En la vereda opuesta de la mesa, aparecen los medianos y grandes productores, representandos en Confederaciones Rurales (CRA) y Sociedad Rural (SRA). Ayer esas entidades fueron las que pugnaron para que el paro comercial se lanzara de inmediato, por entender que la libertad de mercado sigue brillando por su ausencia y entonces las soluciones que el campo y el país necesitan están cada vez más lejos.