Por Javier Blanco - La posibilidad de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) obligue a casi todos los comercios a instalar terminales para aceptar pagos electrónicos, como parte de un plan para desalentar el uso de dinero en efectivo y ayudar a dejar en el recuerdo la denominada "crisis de los billetes", fue cuestionada ayer por representantes de esa actividad y tributaristas.

Las críticas apuntan al incremento de costos que podría significar para algunos comercios o rubros; la presión extra que supondría para un sector que enfrenta una creciente competencia desleal por la venta ilegal y clandestina, y hasta la posible ilegalidad de la iniciativa dado que se considera que el organismo recaudador no está facultado para fijarle a la actividad comercial los sistemas de cobranza con los que debe operar. "En todo caso eso debería disponerse por ley", advirtió ante una consulta de La Nacion Jorge Rodríguez Córdoba, vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Aunque los distintos representantes consultados reconocen que una medida de ese tipo ayudaría a reducir la evasión, concluyen que una posible universalización del uso de las terminales no haría más que aumentar las desigualdades entre los comercios que operan en blanco y los que no.

"La medida nos parece que está bien si es para combatir la evasión, pero quiero recordar que los comerciantes ya nos vimos obligados a tener el controlador fiscal. Y que, antes que avanzar en esto, habría que hacerlo con otros temas pendientes, como la venta ilegal en la vía pública o la creciente proliferación de «Saladas» y «Saladitas»", dijo en referencia a los polos comerciales de venta informal el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, en diálogo con radio El Mundo.

Lourenzo dijo que esos centros comerciales, "que están basados en la ilegalidad y el trabajo esclavo, hay muchísima evasión".

En términos similares se expresó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, para quien la cadena de operaciones en negro "en los últimos tiempos está siendo alentada en algunos sectores del poder político".

Más críticas

Para De la Vega no debe verse a la venta callejera como "la comercialización de un producto que hace una señora en su casa para sobrevivir" sino como una organización de colocación "de productos industrializados que ingresaron al país de contrabando. Y duele ver que las autoridades estén haciendo la vista gorda con esto".

Si bien la CAC reconoció como loable la intención oficial de transparentar las operaciones comerciales, consideró a la vez "el mejor instrumento" para fomentar una mayor bancarización sería que las autoridades "trabajen sobre el impuesto al cheque", en relación a que implica un sobrecosto que desalienta los movimientos mediante cuentas bancarias.

La iniciativa oficial, sobre la que funcionarios técnicos de la AFIP seguían trabajando ayer, también fue cuestionada por tributaristas, para quienes una medida de este tipo planteada como forzosa aparece como una "intromisión en el libre comercio", dijo a La Nacion César Litvin.

Para este especialista, si bien la ley de procedimientos tributarios permitiría a la AFIP "establecer criterios sobre medios de pago", no podría hacerlo de una forma que agregue costos a la actividad, en relación a la inversión que supone la adquisición de las terminales, menos aún cuando el impuesto al cheque "castiga los movimientos bancarios".

Para Rodríguez Córdoba, en cambio, la AFIP directamente no estaría facultada "para emitir a una norma que obligue a un comerciante a privilegiar un medio de pago sobre otro" sino que sólo puede verificar que los comerciante cumplan "con todas las normas de facturación vigentes".