Guillermo Fernández, secretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas criticó la disposición de la Unión de Información Financiera (UIF) que obliga a los contadores a informar operaciones sospechosas cuando preparan las declaraciones juradas de impuestos a ciertas personas físicas.
Creemos que este tipo de profesionales, los independientes, no se deberían haber incluido en esta resolución. Es una tarea que hacen los auditores y los síndicos, y es muy difícil de implementar para los profesionales independientes, insistió.
Los contadores asesoran, pero la información la suministran los clientes, por lo tanto todas las declaraciones juradas se hacen con lo que aportan los propios clientes, remarcó Fernández.
Para hacer esto hay que armar todo un legajo para conocer a los clientes, lo que representa un procedimiento de conocimiento, más trabajo administrativo y cargas que de alguna manera se van a diluir. Además, en todo caso, no se entiende la exclusión de algunas profesiones que participan activamente en estas tareas, dijo el dirigente gremial, en referencia a los abogados que actúan como asesores fiscales.
Alberto Mastandrea, del estudio BDO, añadió que “os profesionales de Ciencias Económicas ya se encontraban obligados a informar a la UIF, pero esa exigencia se circunscribía sólo en la medida que actúen en su carácter de auditor externo o de síndicos societario.
De esta forma, no debía cumplir con el régimen informativo cuando el cliente se trataba de una persona física.
Dijo que la profesión siempre se ha manifestado en favor de prevenir estos ilícitos y con un claro compromiso de colaborar en las tareas de prevención.