Acorralada por los veedores internacionales, la Unidad de Información Financiera (UIF) decidió implementar nuevos y polémicos controles que, esta vez, alcanzan a la enorme mayoría de los tenedores de tarjetas de crédito.

A través de una resolución publicada anteayer en el Boletín Oficial, el organismo determinó que las empresas administradoras de tarjetas estarán obligadas a exigir una declaración jurada a sus clientes cuando éstos soliciten una emisión de cheques de viajero superior a los 5000 pesos o tengan autorizado con sus plásticos un límite de compra que resulte superior a esa cifra.

El problema es que, debido a las necesidades que impone la inercia inflacionaria de la economía, la mayoría de los bancos emisores actualizó en los últimos meses los montos, lo que hace que el límite establecido por la UIF para los controles involucre a más del 70% de los 14,3 millones de titulares de tarjetas con que cuenta el sistema financiero local, lo que seguramente desencadenará en quejas.

Explicaciones oficiales

La ola de cuestionamientos que levantó la normativa obligó ayer al jefe de la UIF, José Sbatella, a dar ayer explicaciones sobre los alcances de la nueva normativa contra el lavado de dinero.

Según Sbatella, la medida apunta a que los bancos informen "sobre los movimientos financieros bruscos de sus clientes poseedores de tarjetas de créditos". Aseguró que los clientes "no tendrán que realizar declaraciones juradas", pese a que la resolución 27/2011 del organismo sugiere lo contrario.

"Los bancos tienen un legajo de cada cliente que tiene una tarjeta de crédito. En él figuran sus ingresos. Si una persona tiene un gasto desmedido con la tarjeta, supongamos que pasa de financiar gastos por 4000 pesos a 12.000 en un solo mes, es el banco el que debe informar sobre esto a la UIF", explicó el funcionario en declaraciones a la agencia oficial Télam, con las que intentó evitar una polémica.

La norma había establecido además que, cuando los límites de operaciones de las tarjetas superen los $ 20.000 mensuales, las declaraciones juradas deberán ir acompañadas de documentación que respalde el origen declarado de los fondos.

Además, obliga a los emisores a en estos casos a "realizar perfiles transaccionales de sus clientes y seguir las operaciones que efectúen".

También recuerda que la emisoras deberán informar cualquier operación de sus clientes considerada "inusual" o "sospechosa", como la "alta concentración, sin causa aparente, de compras de un usuario en un mismo establecimiento adherido, por montos significativos", y situaciones en las que el cliente trate con "países o jurisdicciones declarados paraísos fiscales por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".

La resolución de la UIF exige a las empresas a que registren las operaciones de sus clientes, tanto titulares como portadores de extensiones, y también a los proveedores de bienes o servicios o comercios adheridos.

Y dispone que las empresas también deberán abrir un legajo de identificación de cada cliente en el que conste, en el caso de la persona física, su actividad principal.

Según afirmó Sbattella, los mayores controles sobre las emisoras de tarjetas de crédito no suponen "en modo alguno una persecución a los usuarios".

Al respecto agregó, "pensemos que, sin controles, alguien puede utilizar cheques de viajero para hacerse de efectivo en cualquier lugar del mundo, sin que se conozca la procedencia de ese dinero".

Qué se discute

• Quién vigila: las operadoras de tarjetas y emisoras de cheques de viajero están obligadas a reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero.

• A quiénes alcanza: a los clientes que soliciten la emisión de cheques de viajero que resulten superiores a $ 5000 o tengan tarjetas con un límite de compra que se ubique por encima de esa cifra. Si los topes mencionados superan los $ 20.000, las declaraciones juradas deberán ir acompañadas, además, de "documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos".

• Por qué es polémica: porque, tras la actualización de montos que los bancos hicieron para acompañar la inflación, se estima que el 70% de los poseedores de tarjetas está habilitado a consumir más de $ 5000 por mes.