Por JULIÁN GUARINO - El Ministerio de Economía estudia desde hace varias semanas un proyecto de ley forjado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) que busca reformar la legislación vigente en materia de mercado de capitales. El proyecto, que fue trabajado a instancias de Economía “apurado” por las premisas que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), respeta la filosofía –pero contiene numerosos agregados– del que oportunamente impulsara el actual gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y que algunos años después presentara con modificaciones a Economía el ex titular de la CNV, Eduardo Hecker.
En rigor, el nuevo proyecto de reforma de la Ley 17.811 que sería enviado al Congreso ni bien terminado el receso implica dos grandes cambios: por un lado, contempla la flamante posibilidad de intercambio pleno de información entre los distintos organismos reguladores del Estado, como son la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central (BCRA) y la propia CNV.
Según señalaron en Economía, este intercambio podría operar sin trabas siempre y cuando se tuviera una fuerte sospecha por operaciones susceptibles de ser consideradas de lavado de dinero”. Sin embargo, en materia fiscal y a instancias de la AFIP, la CNV podría, en principio, cruzar sus bases de datos de oficio, algo que hasta hoy está amparado por el secreto bursátil”.
Consultadas, fuentes del mercado desestimaron la atención que pueda merecer el proyecto en Economía, si bien reconocieron que se trata de un intento de modificación de larga data.
Por otro lado, con el cambio, y de prosperar en el Congreso Nacional, la CNV pasará a tener poder de policía en materia sancionatoria, algo que era ampliamente buscado por las actuales autoridades, entre ellas su presidente Alejandro Vanoli.
Uno de los puntos más fuertes del proyecto implicará la eliminación del llamado “secreto bursátil” y le permitirá a la CNV, a la vez, obtener datos de cualquier otro regulador.
Esto permitirá coordinar la supervisión del sistema financiero en su conjunto y prevenir delitos e incumplimientos en cuestiones de insider trading, manipulación de mercado, cambiaria, impositiva y otras cuestiones vinculadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, a El Cronista.
De hecho se especula que esta reforma podría ser parte del ambicioso plan con el que el Gobierno intentará revertir en las próximas semanas las críticas que le formuló a fines de 2010 el GAFI por la falta de control en el país sobre maniobras que podrían estar vinculadas al lavado de dinero. Para ello la comitiva de la Unidad de Información Financiera (UIF) que viajará a París el 20 de febrero a la reunión del GAFI podría incorporar como un punto a favor, el tratamiento del proyecto en el Congreso.
Sucede que el GAFI le dio plazo a la Argentina hasta ese encuentro para mostrar avances palpables en la implementación de políticas antilavado.
De este modo, la Comisión también busca ser parte del anexo A del Memorandum Multilateral de Entendimiento, “donde se encuentran aquellos países que están en pleno cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) en este área”, según indicó la propia CNV.
Es importante que nuestro país integre la lista de países que cumplen con altos estándares internacionales, señaló Vanoli y agregó que “estos principios deben ser implementados para asegurar que se logren los objetivos establecidos en los mismos en materia de intercambio de información y cooperación”.
Por otra parte, la ley vigente establece que los mercados de valores tienen facultades disciplinarias sobre los agentes de bolsa que en su proceder cometan la violación de las reglamentaciones, disposiciones que en su consecuencia se dicten y los estatutos y reglamentos de dichas entidades. Así, el mercado “actúa de oficio” a requerimiento de la Comisión Nacional de Valores o a pedido de parte interesada, pero el poder disciplinario lo ejerce el mismo mercado. “El mercado está dirigido por agentes que votan a agentes para que hagan de regulador, ¿no hay un conflicto de intereses?”, se preguntaron en la CNV.