Por A. SANGUINETTI y PFB - Las grandes empresas que fueron objeto en los últimos días la embestida del Gobierno contra su política de precios darán pelea en los tribunales contra la avanzada oficial. El holding siderúrgico Techint la compañía más grande del país, una de las dos transnacionales argentinas importantes, junto con la alimenticia Arcor liderará la respuesta del sector privado.
Aunque no lo comunicaron de manera oficial, allegados a la compañía que timonea Paolo Rocca reconocieron que la empresa y la Cámara Argentina del Acero evalúan las medidas legales que deberían adoptarse para resguardar sus derechos por la ilegal medida adoptada por la Secretaría de Comercio, al mando de Guillermo Moreno.
La crítica apunta contra la resolución 14 publicada ayer en el Boletín Oficial, que obliga a retrotraer los precios de los productos siderúrgicos a los valores del 21 de enero, un 2,6% en promedio.
La norma hace referencia a toda la industria, pero está dirigida implícitamente a Techint. Eso se trasluce en el artículo 2, según el cual a partir de ahora la comercialización de los productos alcanzados por la presente deberán ser facturados en moneda nacional.
De acuerdo con allegados a Techint, la medida es además arbitraria dado que el comportamiento de los precios de los productos siderúrgicos fue muy conservador comparado con los aumentos de precios de las materias primas, de la energía y de la mano de obra.
Entre las competidoras locales de la empresa reconocieron que la firma de los Rocca es la única que suele utilizar facturación en dólares para el mercado interno. El resto de las empresas, como Acindar, la brasileña Gerdau y Acerbrag tienen bajo análisis los pasos a seguir. Todas pertenecen a la Cámara del Acero.
Un empresario del sector, que pidió reserva, acusó al Gobierno de no cumplir con lo pactado. En diciembre habíamos acordado incrementos tope en el año de hasta pasos, según el tipo de producto, dijo.
Por su parte, Cablevisión salió a ratificar el incremento del 17% que rige desde este mes para sus 3,5 millones de clientes. Así lo sostuvo ante El Cronista, Carlos Moltini, gerente General de la empresa, quien señaló que el aumento es inferior a los reales niveles de inflación. Y además aclaró que no se trata de un sector regulado por el Estado, por lo cual se maneja con precios libres.
También advirtió que las declaraciones del ministro Amado Boudou forman parte de la animosidad del Gobierno con el grupo, porque nada dijo cuando los otros opera dores de cable aumentaron sus abonos a fin de año, ni cuando lo hicieron las prepagas o las empresas de telefonía celular.
Por estos motivos, el ejecutivo de la operadora de TV paga del Grupo Clarín aseguró que la empresa no dará marcha atrás y que recurrirá a la Justicia si es necesario.
Shell, en tanto, no hizo declaraciones ayer. Sin embargo, fue la única de las grandes petroleras las otras son Esso, YPF y Petrobras que cuestionó en la Justicia la resolución 295 de Comercio Interior, que congeló en agosto del año pasado los precios de los combustibles.