Por IGNACIO OLIVERA DOLL - La publicación de la nueva medida de la UIF, que dispuso controlar las operaciones bursátiles mayores a los $ 40.000, cayó el viernes como un baldazo de agua fría. Nadie en el mercado había sido consultado o advertido sobre el inminente lanzamiento de la resolución. Y menos, sobre la novedad de que los agentes deberían empezar a cumplir con estas nuevas exigencias el mismo día en que las leyeran por primera vez. Prácticamente todo el mercado se enteró hoy. Nadie nos consultó ni nos advirtió que se estaba analizando esto, protestó una fuente el viernes, cuando la resolución fue publicada en el Boletín Oficial y anticipada por El Cronista. “Pareció un acto espasmódico de la UIF para cumplir con el GAFI”, se animó.
La resolución determinó que quienes compren o vendan acciones o títulos públicos por montos mayores a los $ 40.000 deberán presentar, de ahora en más, una declaración jurada sobre el origen y la licitud de los fondos. Esta sola disposición alcanzó para provocar el malestar: Suena excesivo que deba pedirse todo esto en cada operación de este tipo. No sólo va a generar burocracia y retrasar todas las operaciones, también va a provocar mucha duda en el cliente, que va a preferir meter su dinero en un plazo fijo bancario, donde no se le pide declaración jurada para presentar en la UIF, comentó un operador. Desde una sociedad de Bolsa, un agente consideró que la medida va a dificultar las operaciones y generar malestar. El cliente no va a querer pasar nada. Sin duda, va a impactar negativamente.
El artículo dice concretamente que el sujeto obligado deberá, en todas aquellas operaciones que igualen o superen ese monto, “requerir del cliente la presentación de una declaración jurada referida al origen y licitud de los fondos, bienes o activos con que se realiza la misma. Pero en el mercado advierten que, en esta redacción, la UIF pasa por alto una distinción entre clientes “habituales y “ocasionales que había destacado en una resolución anterior (la 152/2008, que regía hasta el viernes y que quedó derogada con la publicación de la nueva medida).
Los operadores consideran además demasiado “estrecho” el plazo de 30 días que la UIF establece para informar operaciones sospechosas de lavado de dinero. Y aseguran que esto apurará a los agentes de Bolsa a “inundar al organismo con reportes de operaciones sospechosas (los llamados “ROS”) con el fin de cubrirse ante un eventual delito de sus clientes. Ante la menor duda, convendrá hacer un ROS. Esto va a traer problemas de eficiencia para la UIF en el seguimiento de los reportes. Va a atentar contra la propia capacidad del organismo”, se preocupó un agente.
Con todo, la mayor amenaza que reconocen los operadores no está tanto en la posibilidad de incumplir alguna de las exigencias de la nueva resolución, sino en el efecto disuasivo que pueda tener ésta sobre los clientes. Concretamente, el riesgo de que el exceso de la burocracia termine por desalentar a los inversores que se embarquen atraídos por algún título o alguna acción. El mecanismo debería ser igualitario para el mercado de capitales y el sistema financiero, porque si no el cliente va a tener un estímulo a hacer operaciones bancarias y no bursátiles. El trato desigual no se justifica, salvo que las autoridades oficiales tengan datos muy precisos de que el lavado de dinero está más extendido en el mercado de capitales. De todos modos, también va a depender de cómo se implemente la medida, comentaron en una sociedad de Bolsa.