Por Martin Kanenguiser - Un fondo buitre le reclamó a la justicia de Estados Unidos que el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y el banco Nación informen sobre todas las cuentas comerciales que mueve la Argentina en el exterior, para reclamarle el pago de su deuda en default. En un nuevo capítulo de la larga saga de maniobras para cobrar sus bonos, el fondo inversor NML-Elliott le planteó al juez Thomas Griesa, de Nueva York, que obligue a esos bancos a dar a conocer todos los movimientos comerciales del país para poder embargar, eventualmente, activos oficiales.

En poco más de una semana, Griesa podría decidir sobre esta solicitud, que complementa la que NML realizó en 2010 para que Bank of America abriera las cuentas de los Kirchner y de otros 130 funcionarios argentinos, hasta ahora sin éxito.

Ahora, los destinatarios de la citación son la sucursal de Nueva York del Nación y Jaime Caruana, director del Banco de Pagos Internacionales (BIS, según su sigla en inglés, que actúa como matriz mundial de los bancos centrales), según el escrito al que accedió La Nacion. La intención de NML es anticipar los movimientos que hagan el Gobierno, sus agencias oficiales y sus ministros fuera del país al realizar una transacción, de modo de poder contabilizar los activos que ellos consideran comerciales y que, por lo tanto, podrían ser embargados.

Apoyados sobre varios antecedentes favorables que mencionan en su escrito de 32 páginas, los 11 abogados demandantes aspiran a que Griesa les dé la razón y poder recuperar terreno, luego del revés que sufrieron en Francia con un embargo que fue levantado por una corte de apelaciones. "Las citaciones deberían llevar al descubrimiento de activos que puedan estar sujetos a embargos o ejecución", indicaron.

Esta insistencia se debe a que en la última audiencia de 2010, en la que Griesa escuchó los argumentos de los abogados de NML, del Gobierno y del Bank of America (BofA), el magistrado pidió más precisiones para determinar si corresponde pedir a los bancos esta información tan sensible. El BofA argumentó que tal acción sería muy costosa y dificultaría sus operaciones, pero NML le pidió al juez que tome en cuenta el Acta de Inmunidad Soberana de Estados Extranjeros, firmada en EE.UU., en 1976, que, entre otros elementos, fija parámetros para los embargos.

Entre los movimientos que quiere conocer NML están las compras de equipo científico, la compra y venta de dólares y sus inversiones en reservas a través del Banco Central, la venta de bonos del Banco Hipotecario, los contratos de telecomunicaciones, gas natural y otras materias primas, y las operaciones de bonos en el mercado de capitales.

El pedido a la justicia de Nueva York se desarrolla en paralelo a otros dos movimientos de presión sobre el gobierno de Barack Obama de los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda para salir del default. El primero es la exigencia del grupo American Task Force Argentina (ATFA) para que Washington no acepte negociar la deuda argentina en el marco del Club de París si el Gobierno no les paga en los mismos términos a los bonistas. Hasta ahora, el gobierno demócrata mostró tener una actitud abierta para que el Gobierno presente una oferta razonable para cancelar su deuda de US$ 9000 millones acumulada desde 2001.

El otro pedido es para que EE.UU. retire beneficios comerciales para los productos argentinos que pagan un arancel preferencial, decisión que está bajo análisis.

Los fondos buitre hasta ahora han logrado cientos de embargos, pero no pudieron cobrar; la apuesta que tienen es desgastar al país hasta que se siente a negociar, algo que parece altamente improbable antes del próximo recambio presidencial.