Por Julián Guarino Subeditor de finanzas - En los últimos días, El Cronista ha hilvanado una serie de primicias que apuntaron a contarle al público lector nuevas resoluciones y sutiles modificaciones de viejas resoluciones, que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha puesto en marcha. La UIF, el organismo encargado de asegurar la transparencia de las transferencias de fondos y de combatir y prevenir el lavado de dinero en el país, busca, de esta manera, evitar duras sanciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a raíz de una larga inacción. Sin embargo, este organismo, convertido en un super-controlador, deberá tener precaución en varios aspectos, principalmente en brindar información completa y transparente sobre su proceder, incumbencias, atribuciones y, sobre todo, límites. A la vez, deberá tener especial cuidado en no caer en politización alguna.
Resulta extremadamente positivo entonces que joyeros, compradores de automóviles, coleccionistas de arte, clientes bancarios, inversores de acciones y bonos, tarjetahabientes (crédito), entre otros muchos actores económicos de la sociedad, deban realizar declaraciones juradas cada vez que lleven a cabo una operación con determinadas especificaciones, en muchos casos, que resulten con un carácter inusual o sospechoso para lo que son los registros habituales de consumo o inversión. A la vez, es necesario que esas operaciones sean denunciadas a la UIF por el organismo competente en cada caso.
Pero es importante destacar que más allá de los controles puestos en marcha, controles que por otra parte y en la mayoría de los casos resultaban familiares para quienes deben cumplimentarlos, se debe tenerse especial cuidado en suministrar al público plena información. Esto evitará posibles malentendidos y, sobre todo, no redundará en un perjuicio económico para estos sectores, como fue fácilmente comprobable esta semana para el mercado bursátil y los inversores, que aún realizando una actividad lícita como es volcar el ahorro en acciones y títulos, experimentó una fuerte caída de sus negocios por la inquietud que despiertan las nuevas regulaciones.
Pero donde mayor cautela deberá mostrar la UIF, será en que, una vez superada la reunión del GAFI no haga su entrada el juego de la politización del poder. Hace unos meses, se conoció que los Estados Unidos dejaron de enviar a la Argentina información sensible, luego de comprobar que una serie de informes que había girado a la entidad argentina fueron utilizados para montar operaciones políticas y de prensa contra algunos referentes políticos de la oposición.
Huelga decir entonces que la UIF no tiene por objeto perseguir la evasión impositiva. Como se dijo antes, su mandato legal la impone del análisis y denuncia de casos de lavado de activos provenientes tráfico de estupefacientes, terrorismo, actividades de asociaciones ilícitas y corrupción, entre otros.
Para quienes crearon la UIF, el mandato siempre fue enarbolar un organismo técnico e independiente. Por ese mandato, la UIF es una entidad autárquica. Con el dictado del Decreto presidencial N´ 1936/10, publicado en diciembre pasado, se amplió discrecionalmente el poder de control de la UIF recortando funciones al BCRA y la CNV. Será bueno entonces que después de 10 años que la UIF nació en el marco de la negociación con el FMI durante el gobierno de Fernando De la Rúa un organismo serio e independiente se haga cargo del análisis y la denuncia en cuestiones de lavado. Pero habrá que estar atentos: lo sublime del poder depende muchas veces de las virtudes de quien lo detenta.