Por Martín Kanenguiser - Los exportadores argentinos comenzaron a lamentarse por la suspensión del programa de reducción de aranceles para ingresar sus productos a Estados Unidos, que les ocasionará una pérdida cercana a los US$ 500 millones anuales.

Mientras está pendiente el pedido de dos empresas norteamericanas para quitarle a la Argentina ese beneficio, los empresarios ya comenzaron a sufrir el efecto de la decisión del congreso de EE.UU. de no haber renovado el sistema general de preferencias (SGP) a fin de 2010.

El nuevo congreso, donde la bancada republicana controla la cámara baja, postergó la renovación de este esquema por el que más de 5000 productos importados de 140 países pagaban aranceles diferenciales.

Sólo otra ley podría reanudarlo, aunque mientras tanto los exportadores argentinos ya dejan caer sus lágrimas porque en 2010 lograron dejar de pagar US$ 528 millones por este plan, frente a los US$ 505 millones de 2009.

Productos como uvas, cueros, litio, derivados del azúcar, metales preciosos, quesos, metanol, pesticidas, autopartes y motores están entre los principales afectados por esta clausura, derivada de una disputa política doméstica que refleja las tensiones económicas en ese país.

El ex director de Export-Ar Marcelo Elizondo dijo a La Nacion que el vínculo de la Argentina con el SGP "ha tenido oscilaciones, ya que algunas empresas, como las productoras de maní, han preferido no incrementar sus vínculos con importadores norteamericanos por este sistema, aun cuando el mercado norteamericano es enorme".

Elizondo, que dirige la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, dijo que algunas compañías eluden este beneficio porque "dados los conflictos entre Estados Unidos y la Argentina, el temor de la interrupción dejaba esos compromisos asumidos a merced de incumplimientos que afectaran la reputación de la empresa". Elizondo aclaró que el comercio bilateral está en descenso: "En 2001 explicaba el 10% de las exportaciones y el 18% de las importaciones; en 2005 generó un 11% de las ventas argentinas y un 14 de nuestras compras desde el exterior, en 2010, sólo explica exportaciones por el 5% e importaciones por el 11 por ciento".

Así, EE.UU. pasó de ser el segundo destino de las exportaciones argentinas en 2001 al cuarto lugar en 2010.

Si se lograra reactivar el SGP, la reducción de los aranceles sería retroactiva, pero con un trámite complejo para los empresarios.

De todos modos, fuentes diplomáticas reconocieron a La Nacion que si resucitara el SGP, la Argentina podría ser separada, a raíz del pedido de las empresas Azurix y Blue Bridge, que le ganaron sendas disputas al Gobierno en el tribunal del Banco Mundial, pero no pudieron cobrar.

Se trata de dos casos en los que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra del país, a raíz de disputas surgidas por la crisis económica de 2001, que actualmente suman sentencias por unos 400 millones de dólares.

Sin embargo, el Gobierno adujo que las empresas deberían ejecutar sus sentencias en territorio argentino, lo que fue interpretado por las demandantes y por la administración Obama como una señal de falta de cumplimiento al tratado bilateral de protección de las inversiones.

Por esa razón, ambas empresas lograron que comenzara un proceso de revisión del SGP para la Argentina, con audiencias que comenzaron en septiembre pasado. Tanto la embajada argentina en EE.UU. como la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), que conduce Enrique Mantilla, defendieron en audiencias legislativas la necesidad de mantener al país dentro de este esquema, pero la presión de las empresas litigantes es creciente y se conjuga con la de los bonistas que siguen en default.

El especialista en derecho internacional Alejandro Perotti señaló a La Nacion que "los laudos del Ciadi son obligatorios para las partes, pero no implican la ejecución inmediata por parte de la empresa acreedora, ya que el deudor debe determinar cuál es el proceso para pagar".

En el caso de estos dos fallos, agregó Perotti, "no es tan claro" que las empresas puedan cobrar sin tener que pasar por los tribunales argentinos, tal como pretende el Gobierno, algo que los demandantes interpretan como una dilación.

Sin embargo, la Cancillería recibió el año pasado señales claras de sus pares norteamericanos de que el proceso de revisión avanza, en forma lenta pero persistente, hacia la suspensión de este beneficio.

• Es el beneficio que lograron los exportadores argentinos en 2010 por la reducción de aranceles.