Basado en la opinión del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno multó a la consultora Orlando Ferreres y Asociados por $ 500.000 por presunta publicidad engañosa en la medición de precios.

Así lo informaron a La Nacion fuentes del Palacio de Hacienda, basados "en la aplicación de la ley de lealtad comercial". En particular, se trata de una sanción por presunto incumplimiento del artículo 9° de esa ley, dictada por la última dictadura, en mayo de 1983.

El artículo penaliza "cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de, entre otras cosas, el precio y condiciones de comercialización de bienes muebles, inmuebles o servicios".

El detalle, según explicó Ferreres a La Nacion, es que la consultora sancionada en términos administrativos "no vende el servicio de medición de precios a nadie".

"Lo usamos como insumo para procesar otros datos, pero no se vende; por lo tanto, estarían atacando la libertad de expresión", dijo el economista.

Ferreres dijo que hasta anoche no había sido notificado por la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Guillermo Moreno, de esta importante sanción pecuniaria, que, seguramente, como las otras consultoras, apelará ante la justicia ordinaria.

Luego de que esa Secretaría los intimara, como a casi a todo el resto de las consultoras, la firma de Ferreres respondió un cuestionario y ayer recibieron una dura respuesta del área de Moreno.

Allí se explicaba que se había consultado al Indec para determinar si la metodología usada por Ferreres era rigurosa y que el organismo sospechado de manipular las estadísticas públicas desde 2007 respondió en forma negativa.

Las fuentes oficiales indicaron que también "habría otras consultoras multadas", sin nombrarlas.

El ministro Amado Boudou también criticó a esas firmas.