Por Martín Kanenguiser - El Gobierno intimó a las consultoras económicas a que le detallen la información que le brindan a la Justicia sobre la inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja, en una estrategia que desde el Poder Judicial ya comienzan a observar con preocupación.

Luego de que LA NACION publicara la semana pasada que la Justicia en lo Civil pide, habitualmente en causas para fijar cuota alimentaria, datos a las consultoras para poder fijar sentencias, la Secretaría de Comercio Interior les exigió los detalles de esta tarea que cumplen como auxiliares de la Justicia. "En función de la información que es de público y notorio conocimiento, se intima a que informen en 48 horas nombres y juzgados a los que proporcionaron información, junto con la información brindada", reza el mensaje del organismo que comanda Guillermo Moreno.

Es otro capítulo más de la batalla que se inició hace unos meses al comenzar un juicio administrativo para multar a las consultoras sobre la base de presuntas "inexactitudes y engaños" que violarían la ley de lealtad comercial, sancionada en la última dictadura. Ambas acusaciones, justamente, pesan sobre las cifras elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde 2007.

Mientras el Gobierno sigue sin responder al informe de las universidades nacionales sobre el Indec y retrasó la convocatoria a la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que invitó en 2010, avanza en este frente para desacreditar a las consultoras.

Por esa razón, luego de que trascendiera la colaboración entre estos estudios económicos y la Justicia, Moreno activó esta nueva ofensiva, que será respondida con otro pedido de nulidad por parte de las firmas intimadas.

"Es una grosería porque se meten con la justicia", indicó a La Nacion Jorge Todesca, presidente de Finsoport, una de las consultoras que recibió esta exigencia.

El cruce se produce a pocos días de que las consultoras informen una suba de precios para febrero cercana al 1,5%, luego del 2% de enero (frente al 0,7% del Indec).

Sus palabras coinciden con una calificada fuente judicial que calificó la intimación oficial de "un disparate" y también con la opinión de tres abogados, que afirmaron que es "anticonstitucional y refleja un intento del Gobierno de avanzar sobre la Justicia". Así lo indicaron los abogados Daniel Sabsay, Gregorio Badeni y Ricardo Monner Sans.

"Es una solicitud que no corresponde porque está actuando otro poder del Estado. Es otra señal grosera de acoso a la Justicia, y las consultoras deberían pedir instrucciones en los juzgados que les piden datos para ver cómo actuar", indicó Sabsay.

Monner Sans consideró que la intimación de Moreno "viola el secreto profesional y constituye una intrusión indirecta del Ejecutivo sobre la Justicia". Además, opinó: "Las consultoras podrían tener derecho a una medida precautoria y luego a un amparo, para que el Ejecutivo se abstenga de reclamar quiebres de confidencialidad que reflejan una inconstitucionalidad manifiesta".

En tanto, Badeni afirmó: "Como toda actividad privada, la tarea de las consultoras está amparada por confidencialidad, a menos que un juez pida lo contrario, pero una dependencia del Ejecutivo no puede pedir esa información. Además, las consultoras están ejerciendo la libertad de expresión al informar estos datos; si incurren en un error, en la medida que no afecte derechos subjetivos, no pueden ser sancionadas".

Mientras el Gobierno deja trascender que ya comenzó a multar a las consultoras, aunque sin realizar las notificaciones correspondientes, el mercado de los consultores mantiene una mezcla de resignación y prudencia.

"El final es sabido: las multas van a llegar, aunque luego se apelarán, y, mientras tanto, nadie habla de inflación", indicó el director de una de ellas.

Al margen de esta pelea, tres de las universidades nacionales que fueron invitadas por el Gobierno para elaborar un informe sobre el Indec, que le entregaron al ministro de Economía, Amado Boudou, a fin de 2010, admitieron que aún no recibieron ningún reporte por parte de las autoridades del Indec.

Aunque el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, prometió un seminario para este mes, desde las universidades de Buenos Aires, Rosario y Tres de Febrero juraron que no recibieron ningún convite a debatir ese informe, que concluyó con críticas categóricas a la intervención del Gobierno sobre las estadísticas públicas desde 2007.

Tampoco hay novedades sobre la misión de cooperación técnica pedida por el Gobierno en 2010 al FMI para evitar una sanción en el organismo multilateral. "Van a hacer algo unos días antes de la asamblea del FMI de abril para que no los castiguen", pronosticó una fuente al tanto de este infructuoso intercambio.