Por María José Lucesole - LA PLATA.- El proyecto del gobernador Daniel Scioli para promocionar la vivienda social mediante la cesión de tierras de countries y clubes de campo suscitó una fuerte controversia en la Legislatura provincial. La iniciativa provocó también reacciones encontradas entre empresarios privados que deberán ceder parte de sus tierras en caso de que la Legislatura apruebe el texto.

Scioli anunció el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa el primero de este mes. Y prometió remitirlo "a la brevedad". El martes pasado, su ministra de Infraestructura, Cristina Alvarez Rodríguez, presentó en la Biblioteca Nacional la iniciativa, que aspira a crear más viviendas sociales. Dada la inusitada polémica, el texto aún no ingresó formalmente en el Parlamento provincial. Pero las resistencias no se hicieron esperar en la Cámara de Diputados.

El bloque Unión Celeste y Blanco, que responde al candidato a gobernador Francisco de Narváez, presentará hoy un proyecto de declaración "para que la Legislatura se ponga en estado de alerta ante este avance sobre la propiedad privada de los bonaerenses".

"A Daniel Scioli el gobierno nacional le comenzó a escribir los discursos -acusó el bloque Celeste y Blanco, que responde a Francisco de Narváez-. Hay una clara línea política de la Nación que ya estamos viendo en la provincia. La vimos con la bajada de Verbitsky [Horacio, columnista de Página 12] a esta cámara, con el condicionamiento al ministro Ricardo Casal, y ahora la volvemos a ver contra la propiedad privada con Alvarez Rodríguez, que está teniendo una letra distinta de la del gobernador Daniel Scioli."

Claro que los 92 diputados no tienen un criterio unánime sobre la iniciativa. Desde el radicalismo, Aldo Mensi, titular del bloque de Asuntos Cooperativos y Vivienda, manifestó: "La composición de los distintos bloques tiene posiciones diversas sobre este tema. Estamos divididos. No queremos beneficiar a unos especuladores inmobiliarios".

El legislador de la UCR reconoció que "la temática fue abordada en el bloque y hubo tres posiciones distintas. En otros bloques pasó lo mismo. Queremos analizar el proyecto a fondo".

Desde la Coalición Cívica, el diputado Sebastián Cinquerrui dijo: "Todavía no tenemos una posición. Esperamos que el proyecto llegue a la Legislatura. Por ahora son sólo declaraciones del gobernador, vacías, realizadas ante la Asamblea Legislativa. No se conoce en detalle todo el proyecto".

Desde el Frente para la Victoria, el presidente del bloque, Raúl Pérez, evitó expedirse sobre la iniciativa, ya que, sostuvo, todavía no conoce el proyecto.

Entre los desarrolladores urbanos y empresarios tampoco hay una postura única respecto del proyecto impulsado por el gobierno provincial.

Mientras la Federación Argentina de Clubes de Campo consideró el proyecto "una locura", la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) avaló la iniciativa.

Así lo informó a La Nacion Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de la CEDU y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano dentro de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). "Que haya una ley más moderna de ordenamiento del suelo que evite villas, y además me parece desde lo social bueno", afirmó.

"Desde el punto de vista privado -dijo Gutiérrez, presidente del grupo Farallon-, si me ordenan el suelo, me ayudan a tener un hábitat mejor. Esto es una ley que hay que terminar de hablarla. Dentro de esto, negociar un 10 por ciento de tierra para que dentro del distrito se pueda erradicar un asentamiento o villa de emergencia me parece bien."

Otros empresarios, como Eduardo Costantini, se comunicaron ayer mismo con el gobierno provincial para manifestar su inquietud ante la difusión del proyecto.

"Vamos a dialogar, vamos a dar nuestro punto de vista al gobierno", dijo el empresario, que desarrolla un millonario emprendimiento en Escobar y que ayer fue recibido por Alvarez Rodríguez para interiorizarse de la iniciativa, que le causó preocupación.

Lejos del ámbito empresario, el proyecto es avalado por la Comisión Nacional de Tierras Padre Mujica y por la Fundación Sagrada Familia, entre otras organizaciones no gubernamentales.

Proyecto: el gobierno de Daniel Scioli impulsa una ley de promoción del hábitat popular según la cual los barrios cerrados, countries, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies comerciales deberán ceder un 10 por ciento de sus terrenos -o el equivalente de esa superficie en pesos- en favor de los municipios, que deberán destinarlos a la construcción de viviendas sociales.

Empresarios: en las cámaras de desarrolladores de este tipo de emprendimientos hay distintas posturas. Algunos se oponen de lleno a la iniciativa y otros podrían apoyarla si, por ejemplo, ayuda a erradicar las villas para lograr "un mejor hábitat" en los entornos de los countries.

Oposición: en la Legislatura provincial, el bloque Unión Celeste y Blanco, que responde a Francisco de Narváez, rechazó la iniciativa. Para ese sector, se trata de un avasallamiento del Estado sobre la propiedad privada. En el radicalismo reconocieron que no había todavía una posición unificada y la Coalición Cívica espera que llegue el texto al parlamento provincial.