Por Gustavo Ybarra - En un operativo relámpago, la oposición firmó ayer en el Senado el dictamen del proyecto de ley que termina con la intervención del Indec, decretada por el gobierno de Néstor Kirchner en 2007, y que comenzó el fuerte deterioro de la imagen del instituto de estadísticas y de su índice de precios al consumidor, termómetro oficial para medir la inflación.

El avance opositor, sin embargo, es parcial y podría quedar sólo en el impacto de la firma del dictamen. Esto es así porque el arco antikirchnerista del Senado no tiene el número para convertirlo en ley, tras las deserciones de Carlos Menem (La Rioja), Roxana Latorre (Santa Fe) y María José Bongiorno (Río Negro).

"No tienen mayoría para tratarlo en el recinto", afirmó un confiado Miguel Pichetto (Río Negro), jefe del bloque oficialista de la Cámara alta, quien anticipó el rechazo de su bancada a la iniciativa. "Es otro proyecto más de colisión para lesionar al Gobierno", afirmó. Para el senador kirchnerista, los cambios en el Indec "deben hacerse por decisión del Poder Ejecutivo; no es algo que le corresponda al Parlamento".

El despacho fue firmado en la Comisión de Población y Desarrollo Humano por los ocho senadores de la oposición, sobre un total de quince miembros, y avala la versión votada por la Cámara de Diputados, que establece la inmediata normalización del Indec y la reincorporación del personal desplazado y despedido desde que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aterrizó con su gente para controlar con mano de hierro el organismo.

El proyecto original había sido aprobado en agosto del año pasado en el Senado, con 39 votos, ya que al arco opositor se habían sumado dos legisladores oficialistas y otro de una fuerza provincial aliada al Poder Ejecutivo. Aquella versión establecía un plazo de 150 días para la normalización del instituto.

El texto fue modificado por la Cámara de Diputados, que lo aprobó en noviembre y lo devolvió en segunda revisión a la Cámara alta. Los cambios centrales introducidos por los diputados son la normalización inmediata, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de todos los empleados transitorios que trabajaban en el Indec en el momento de la intervención.

Este último punto, reclamado por la CTA, estuvo a punto de ser incluido en el Senado, pero la oposición debió resignarse, ya que, de haber insistido, habría perdido el voto de los tres oficialistas y el de la rionegrina Bongiorno.

Ahora, el Senado tendrá que optar entre su versión original o la revisada por la Cámara baja, que fue la avalada por la oposición en el dictamen. Este escenario obligará al kirchnerismo a tratar de bloquear el ingreso del proyecto al recinto, ya que cualquiera de los dos textos implica el final del imperio de Moreno sobre las estadísticas del instituto, algo que la administración de Cristina Kirchner no está dispuesta a aceptar.

En el centro del debate se encuentra el manejo discrecional y la manipulación de los indicadores elaborados por el Indec que viene llevando a cabo el kirchnerismo.

"El desmantelamiento del Indec no es un hecho aislado: es parte de un modelo chavista de trocha angosta", denunció el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta).

Por su parte, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), consideró "imprescindible devolverle legitimidad al Indec y terminar con la manipulación de las estadísticas".